Orozco dice que en el 2005 usó el sentido común ante las multas por las que se interesa el juzgado
LEMOS
El Ayuntamiento envió ayer o la enviará hoy la documentación solicitada por el Juzgado de Instrucción número 3 en el marco de la investigación sobre la presunta retirada irregular de sanciones de tráfico en la Policía Local, en lo que afecta al Sagrado Corazón. El alcalde, José López Orozco, abordó ampliamente este asunto al hilo de una pregunta de los periodistas. Aseguró no recordar haber dado instrucciones en el 2005 para que no se efectuasen denuncias en dicha zona, pero sí dijo que fue preciso aplicar el sentido común en un momento en el que los vecinos se sentían acosados debido al gran número de denuncias y mientras se buscaba una solución para la falta de estacionamiento. Las multas impuestas, por lo que Orozco sabe en relación con este asunto, fueron tramitadas todas.
El presidente de la corporación municipal rompió ayer la que venía siendo su línea habitual, lacónica, a la hora de abordar aspectos de la citada investigación judicial. Aseguró que en la misma mañana de ayer o a lo largo de la de hoy se remitiría al juzgado la documentación que pidió.
López Orozco indicó que en este asunto hay quien procura «poñer o ventilador» o «tirar para o alto», es decir, que trata de implicar a otras instancias. Después apeló a la memoria de los periodistas veteranos y recordó lo que, según su visión, ocurrió en el año 2005 en el barrio del Sagrado Corazón. Dijo que entonces se recibió en el Concello un escrito con unas 1.100 firmas «no que se queixaban do que eles chamaban un acoso, no que se refire as multas que se poñían constantemente aos veciños do Sagrado Corazón por aparcar nas aceras ou deixar o coche en dobre fila».
Reunión
El alcalde recordó que, al conocer las protestas, se reunió con los vecinos y con los comerciantes. Tras dichos encuentros y a la vista del escrito, el gobierno local tomó la decisión de acondicionar una zona de aparcamiento en Río Mosa, con capacidad para unos sesenta vehículos. La obra tuvo un presupuesto de 12.000 euros.
Orozco declaró: «O alcalde, que ten o despacho na rúa, non pode obviar os problemas que teñen os cidadáns (...) e tomáronse as medidas oportunas, primeiro de orden físico, co fin de que os veciños tiveran un lugar alternativo (...), axeitado para aparcar». Añadió que, en una situación así, debe imperar el sentido común y que «a prudencia debe aconsellar que se produza a vixilancia oportuna, pero que non se fagan denuncias dun xeito que se podía entender abusivo». El presidente de la corporación agregó: «Esas foron as decisións que tomou a alcaldía, que están nos medios de comunicación, e que polo tanto non hai absolutamente nada que esconder (...)».
Al alcalde se le preguntó si, en aplicación de lo que denominó sentido común, dio alguna instrucción en relación con la imposición de denuncias. «Eu non recordo que dera esas instrucións», manifestó. También aseguró que, por lo que él sabe, se tramitaron todas las denuncias a las que se refiere la petición del juzgado, que son las de un determinado día. También se solicita el informe del jefe de turno de la Policía Local.