29 may 2009 . Actualizado a las 02:00 h.
La legislación a la que apelan Pereira y la Consellería de Presidencia fue aprobada en 1997 por la Xunta. Establece que ningún municipio debe usar un escudo que no haya sido previamente aprobado por la comisión oficial de heráldica de Galicia, salvo que disponga de alguno que haya sido revisado y aprobado previamente por los organismos estatales con competencia en la materia. A partir de esa ley, los ayuntamientos encargaron masivamente a la comisión de heráldica que les confeccionase sus emblemas oficiales.