La delegada de Urbanismo, María Novo, declaró ayer que el plan de la Consellería de Vivenda para promover la construcción de casi dos mil viviendas (la mayoría de promoción autonómica) en terrenos ubicados en O Carme, en Pousadela y en el Carril dos Fornos podría ser considerado «nulo de pleno derecho» en su totalidad o en parte por la existencia de dos sentencias firmes que afectan a dos de las tres zonas escogidas. De momento, el plan de Vivenda es solo un proyecto, pero cuando se apruebe, el Concello debe asumirlo por obligación. Novo ya adelantó que el Concello presentará alegaciones.
Los motivos para hacerlo son varios. El primero, como recalcó la delegada, es la existencia de dos sentencias firmes y, por lo tanto, de obligado cumplimiento. En el caso del Carril dos Fornos la determinación judicial obliga a modificar el Plan Especial de Protección y Reforma Interior (Pepri) para unificar dos solares clasificados como suelo urbano. En O Carme, después de años de litigio, los propietarios de quince parcelas ubicadas a ambos lados de la ronda han conseguido que sus terrenos se califiquen como urbano consolidado, lo cual aumenta el valor del terreno y reduce los de urbanización. En este último caso, las partes demandadas son el Concello y la Xunta, en cuanto administración que aprueba definitivamente los planes generales.
Objetivo difícil de cumplir
Estas circunstancias, según la delegada y el PP, complicarán mucho el desarrollo de la zona, que es, precisamente, el objetivo del plan de Vivenda y que los nacionalistas de Lugo creen fácil de lograr porque, al ser una administración pública, puede recurrir a la expropiación y facilitar el desarrollo en un plazo máximo de diez años, una vez que el Plan Sectorial se apruebe definitivamente. De momento, estará en exposición pública hasta finales de diciembre, para que los afectados presenten alegaciones.
Pisos de protección
El Concello, como uno de ellos, también planteará que en el Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) ya se recoge la obligación (marcada por ley) de reservar el 40% de los desarrollos para la construcción de vivienda protegida. En el proyecto de Vivenda, aunque se delimitan unos máximos y unos mínimos que pueden hacer variar la cifra final, se proyectan 1.449 pisos de protección en los alrededores de la Muralla, uno de los sitios más privilegiados de la ciudad.
Por este motivo, tanto el PP como el PSOE consideran que esos terrenos nunca tendrán problemas de desarrollo, puesto que su ubicación siempre va a ser atractiva para la iniciativa privada. El BNG asegura que es esto precisamente lo que se quiere evitar para que no haya especulación.
La comisión de planeamiento se reunió ayer para estudiar la repercusión que tendrá este proyecto en el PXOM y, exceptuando al BNG, se consensuaron las alegaciones a presentar.