El alcalde de Pereiro de Aguiar, Eliseo Fernández, manifestaba ayer que su concello no dará ningún paso para devolver a Unión Fenosa los 21.973 euros correspondientes al cobro del IBI por la presa de Velle, en tanto no tengan claro si «a sentencia é xa definitiva ou se vai a poder recurrir».
El desconocimiento sobre la situación legal del contencioso se debe a que no lo están llevando directamente los servicios jurídicos municipales. El concello de Pereiro se sumó en su día a la acción conjunta promovida desde la federación de municipios, cuyo departamento legal lleva adelante este proceso para algo más de 40 entidades locales.
Aunque la restitución del cobro indebido puede suponer un duro quebranto para las arcas municipales, el regidor apunta que el concello no tiene intención de desobedecer la indicación judicial sino simplemente «esperar a ver qué nos dicen dende os servizos xurídicos da federación, porque hasta o momento non informaron de cal é o paso a seguir ou si a sentencia é xa inapelable».
Cuatro años de litigio
El dictamen judicial, que se conocía hace diez días, obliga a restituir a la compañía eléctrica no solo los 20.671 euros cobrados en concepto de este Impuesto de Bienes Inmuebles entre los años 1993 y 1998, sino también 1.300 correspondientes al pago de intereses sobre esa cantidad.
Aunque esta última sentencia parte del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia y ratifica la que en su día dictó el Juzgado de lo Contencioso de Ourense, la desconfianza sobre si representa el final efectivo de todo el proceso tiene su justificación en lo farragoso del propio contencioso, que se prolonga ya desde el año 2004.
Rebaja de intereses
De hecho, el concello había reclamado la primera ejecución de la sentencia por entender que no debía pagar intereses de demora desde el cobro de las cantidades indebidas -una cantidad que ascendía a más de once mil euros-, algo en lo que finalmente le da la razón esta última sentencia del TSXG que estima que el cálculo de intereses debe hacerse desde la cantidad base y desde la fecha de notificación de la sentencia hasta la ejecución del pago.
Pereiro no es el único municipio ourensano que entró en la batalla legal entre los concellos y compañías eléctricas. Manzaneda también vivió un prolongado proceso judicial, en este caso con Iberdrola. El concello acabó perdiendo el litigio por prescripción del plazo en el que podía presentar un recurso, y firmando un contrato para asumir el mantenimiento de viales de la compañía para compensarle.