Siete hombres víctimas de violencia doméstica también precisaron amparo Los jueces establecieron, además, un centenar de medidas de alejamiento
04 jul 2006 . Actualizado a las 07:00 h.?urante el año pasado los jueces concedieron en la provincia lucense un total de 116 órdenes de protección a personas que estaban siendo víctimas de maltrato. Así lo recoge la estadística judicial correspondiente al 2005 dada a conocer recientemente por el Consejo del Poder Judicial. Las mujeres acaparan la mayor parte de las medidas. Sólo siete varones, tres de ellos extranjeros, precisaron de medidas cautelares para salvarse del acometimiento de sus esposas o compañeras. La violencia doméstica no cesa. Las agendas de los juzgados de lo penal suelen estar repletas de juicios en los que los imputados tienen que responder por acusaciones de malos tratos a sus más allegados. El incremento en el número de denuncias obliga a los jueces a tomar diversas medidas, de tipo penal y civil, que van desde protección hasta alejamiento, pasando por prohibición de comunicación, de volver al lugar del delito hasta custodia, visitas y comunicación con los hijos. El mayor número de solicitudes de ordenes de protección corresponden a mujeres. Fueron concedidas a 98 españolas y a 12 extranjeras. De las 116 dictadas en total durante el año pasado, sólo una fue promovida de oficio. Las demás fueron a petición de las perjudicadas y perjudicados. En las estadísticas del Consejo del Poder Judicial también consta que fueron rechazadas un total de 26 solicitudes. «Si una mujer o un hombre tiene problemas de violencia y atraviesa por una situación de miedo, debe serle concedida la orden de protección sin lugar a dudas, una vez que se compruebe la veracidad de la denuncia», explicó ayer Francisca González, una experta en materia de violencia doméstica en la capital lucense. Lleva casi 20 años dedicada a estas cuestiones dentro de la Asociación Lucense de Mujeres Separadas. Entre los casos denegados se encuentran algunos de mujeres que mentían intencionadamente para conseguir beneficiarse de apoyos laborales o económicos. «Pedían la protección; a las pocas semanas se les hacía un seguimiento y estaban nuevamente con sus maridos o compañeros», expresaron diversas fuentes. Pero además de las citadas órdenes, los jueces también adoptaron otra serie de medidas durante el año pasado. Por ejemplo, una de ellas fue el decreto en prisión de un maltratador luego de ser presentada la denuncia y realizadas las correspondientes diligencias. Los alejamientos Durante el año pasado también fueron dictadas 102 órdenes de alejamiento de los agresores con respecto de las víctimas. La mayoría lo fueron a instancia de las perjudicadas que ya tenían una orden de protección, concretamente 80. Otra de las medidas encaminada a frenar el acometimiento a las víctimas son la prohibiciones de comunicación. Fueron acordadas un total de 74. Éstas se complementaron en algunos casos con la prohibición al acusado de volver al lugar del delito. En el último año fueron adoptadas 45 resoluciones de estas características. En las estadísticas del Consejo del Poder Judicial también figuran otras seis medidas de tipo penal sin especificar. El informe hace también referencia a las medidas cautelares de tipo civil en el mismo ejercicio. En este sentido aparecen reflejadas un total de 13 atribuciones de vivienda, 19 sobre custodia, comunicación, visitas y atención a los hijos y 10 relacionadas con la prestación de alimentos. Únicamente figura relacionada una resolución de protección a un menor.