Recurrió a la justicia después de que la junta de gobierno rechazase reconstruir la vivienda Los responsables municipales creen que se debe aclarar si la competencia es de la Xunta
02 feb 2006 . Actualizado a las 06:00 h.El Juzgado de Monforte deberá resolver una demanda contra el Ayuntamiento interpuesta por el propietario de un inmueble de la calle de Santo Domingo, que resultó seriamente dañado por el desplome de un tramo de muralla en ese tramo, registrado en enero del 2001 . El denunciante recurrió a la vía judicial después de que la junta de gobierno local rechazase su solicitud para que la reparación de la vivienda se realice con cargo a los presupuestos municipales. La junta de gobierno del Ayuntamiento alegó en su momento que las pretensiones económicas del propietario eran demasiado elevadas. Como consecuencia de las diferencias de criterio entre ambas partes, desde le desplome de la muralla la planta superior de la vivienda se mantiene apuntalada. La avalancha de piedras se llevó por delante la estructura del bajo, que está separado de la vía pública por una valla metálica por motivos de seguridad. Esta situación de precariedad ha motivado la inquietud del vecindario, que trasladó sus quejas en reiteradas ocasiones a los responsables municipales. Precisamente, varios vecinos de la calle de Santo Domingo recibieron esta semana una notificación para declarar en el proceso que se sigue contra el Ayuntamiento. Por parte del gobierno municipal, la concejala de Hacienda advierte de que será preciso dilucidar a quién corresponde la titularidad de la muralla. «A cuestión é de quen é a muralla, se do Concello de Monforte ou da Xunta», señala al respecto María Xosé Vega. En similares términos se pronuncia el concejal del PP Antonio Rodríguez, redactor de la primera memoria del Área de Rehabilitación Integral (ARI) de San Vicente. «Sin poder asegurarlo con certeza absoluta, entiendo que la titularidad de la muralla corresponde a la Xunta, desde el momento en que hay un plan director de mantenimiento que se hizo sin contar con el Ayuntamiento», explica el arquitecto. Tema complejo Para Marcos Hermida, responsable de la oficina municipal de rehabilitación se trata de un tema sumamente complejo, ya que en la muralla conviven tramos de titularidad privada -aquellos sobre los que se ha edificado y que incluso están en el catastro- y otros cuya propiedad es pública. Partiendo de que la antigua fortaleza está catalogada como Bien de Interés Cultural -opina el técnico- «o punto de partida é que a Dirección Xeral do Patrimonio é a responsable última do monumento». «¿De quen é a responsabilidade nun suposto de danos? Non sabría que dicir, pois é un tema complexo e de moita ambigüidade», añade Hermida. César Carnero, presidente de la Asociación de Amigos do Patrimonio de Lemos, no ven tan claro que la responsabilidad corresponda exclusivamente a la Xunta. A su juicio, la presencia o no de la muralla en la catalogación de bienes municipales del Ayuntamiento es el factor determinante que puede dilucidar la titularidad de este monumento. En último caso, y si el Ayuntamiento resulta finalmente condenado, existe una póliza de seguros que cubriría los gastos, según señala la concejala de Hacienda.