Un entierro causó en 1613 un grave enfrentamiento entre conventos
17 ene 2004 . Actualizado a las 06:00 h.?l 8 de mayo de 1613 ocurrió un incidente en Monforte que indujo al franciscano fray Antonio de Cepeda, guardián del convento de San Antonio, a interponer una querella criminal contra los monjes benedictinos de San Vicente del Pino. El religioso dirigió un escrito al nuncio de su santidad en España informándolo de los hechos y solicitándole enviase un comisario juez a la villa para hacer averiguaciones y castigar a los culpables conforme a los sagrados cánones, leyes y constituciones apostólicas. Los sucesos fueron relatados por el padre Cepeda de la siguiente manera: el dicho 8 de mayo falleció en Monforte, en casa del alguacil Somoza, donde se hospedaba, un estudiante vecino de Valdeorras quien en su testamento, otorgado unas horas antes de su muerte ante el escribano Diego de Saa, mandó ser inhumado en el convento de San Antonio. Dos religiosos de dicho monasterio fueron a casa del difunto en compañgía de otros seglares para ordenar el entierro conforme a su deseo y disposición. Este monasterio, según las palabras del citado guardián, estaba «en antigua y pacífica possession de enterrar en su Yglesia todos los fieles xpianos que eligieran sepultura en ella». Al capellán de la iglesia parroquial le fue notificada la última voluntad del finado y se le entregó una fe del testamento, hecha por el escribano en su presencia, para que la llevara al prior de San Vicente, por ser estos frailes los curas propios de la dicha parroquia. Los frailes benedictinos se personaron junto al párroco en la casa donde estaba el difunto y violentamente se llevaron el cuerpo a su iglesia, organizando un gran alboroto. Enterado de los sucesos, el padre presidente de San Antonio envió a otros dos religiosos a que dijesen a los benedictinos que no lo inhumaran hasta que la justicia aclarara quién tenía derecho a enterrarlo. Los benedictinos no los escucharon y los ofendieron públicamente de palabra y obra. Según el padre Cepeda, les dijeron que eran «pícaros hombres perdidos y que los querían mattar y comer las nariçes y otras palavras i palavras injuriosas», les tiraron piedras y pusieron manos en armas. Testigos y fianzas El 31 de mayo, el nuncio requirió a Diego Cruzado, notario y receptor, que viajase a Monforte para indagar, tomar declaración a testigos y acusados, prender a los culpables si los hubiere y secuestrar sus bienes; también solicitaría a la parte querellante las fianzas suficientes para pagar las costas y salarios en caso de no encontrarse culpables. Se tomó declaración al capellán, quien manifestó que el escribano le había entregado un escrito que él creía era una fe del testamento, pues no lo había leído, y que personalmente se lo dio al prior de San Vicente. Éste expuso, cuando fue interrogado, que no sabía que el estudiante hubiese mandado ser enterrado en San Antonio (a pesar de que el capellán se lo había notificado), por no haber visto el testamento, ante la negativa del escribano a entregárselo y a presentarse ante el dicho prior cuando había sido requerido. El papel que había recibido no tenía ninguna autoridad, según sus palabras, sino una simple firma. Fueron interrogados otros diecinueve testigos y todos coincidieron en que habían visto durante años que cuando una persona mandaba ser enterrada en San Antonio así se hacía. Los frailes de este monasterio iban a buscar el cuerpo del difunto a su casa con cruz alta, acompañados de la cruz de San Vicente con su capellán y un fraile lego que llegaban hasta el crucero de San Antonio si fallecía dentro de la cilla, y si sera del arrabal se llevaba la cruz a la parroquia de A Régia; después los benedictinos se volvían a su convento sin ninguna objección.