Los sucesivos planes de colonización agrícola del Val de Lemos aprobados desde 1966 nunca se realizaron El Gobierno de Franco declaró de interés nacional la obra del canal hace 38 años
17 ene 2004 . Actualizado a las 06:00 h.Diciembre de 1966. Un decreto firmado por el jefe del estado, Francisco Franco, declaraba del alto interés nacional «la colonización de la zona regable del valle de Lemos». Mientras Obras Públicas construía parte de los elementos principales del sistema de riego, el Ministerio de Agricultura plasmaba en el Boletín General del Estado su compromiso, ratificado previamente por el Consejo de Ministros, para que la inversión en el canal lograse «en el más breve plazo posible las finalidades económicas y sociales previstas para estas obras». El Estado asumía así la necesidad de promover actuaciones complementarias «de estímulo a la iniciativa privada para que modifique la estructura de las explotaciones con el fin de situarlas dentro de un nivel económico conveniente, lo que lleva implícito el proceso de capitalización y asistencia técnica para lograr una ordenación de tipo ganadero, y siendo también preciso atender al establecimiento de los servicios de tipo social y comunitario». Han transcurrido 38 años desde entonces y la intervención de los poderes públicos para contribuir a hacer rentable el aprovechamiento del canal Val de Lemos sigue siendo el caballo de batalla de la recién creada comisión de regantes. Y ello a pesar de que el decreto de 1966 tuvo continuación en otros acuerdos con el denominador común de la puesta en valor la inversión realizada en la construcción de las acequias. Concentración parcelaria El segundo decreto gubernamental se hizo público el 15 de agosto de 1969 y se refería a la aprobación del plan general de colonización de la zona regable del Val de Lemos, cuyo objetivo era concretar las medidas necesarias «para la adaptación de sus explotaciones con una orientación marcadamente ganadera». Además de delimitar la zona de riego y definir las obras hidráulicas precisas, anunciaba la puesta en marcha de una concentración parcelaria que casi cuatro décadas después sólo se ha cumplido en dos parroquias -Ribas Pequenas y Piñeira- de los cuatro municipios que atraviesa el canal en mayor o menor medida. El segundo decreto para el desarrollo agrícola del Val de Lemos aprobado en tiempos de la dictadura autorizaba incluso al Instituto Nacional de Colonización para adquirir tierras que fuesen ofrecidas voluntariemente por sus propietarios y a expropiarlas cuando fuese conveniente. Estas parcelas iban a ser asignadas a los colonos que poseyesen «tierras en superficie inferior a la unidad de tipo medio de doce hectáreas», según los compromisos del Instituto Nacional de Colonización, que se comprometía además a dirigir «la transformación agrícola de la zona mediante la prestación de los servicios técnicos, de asesoramiento, divulgación y cooperación». En junio de 1976, ya en la etapa democrática, el Ministerio de Agricultura plasma en el Boletín Oficial del Estado un decreto por el que se modifican algunos aspectos de las órdenes anteriores, sin renunciar a las asistencia «técnica y económica» a las empresas de comercialización agraria que surgiesen al amparo del regadío. Los técnicos del ministerio habían comprobado que el número de parcelas dentro de un recuadro de 12 hectáreas «llega a sesenta en algunos sectores» y por ello concluían la necesidad de modificar los criterios iniciales «para hacerlos más operativos». Desde entonces, la degradación del canal ha ido en aumento.