Los afectados prestaron declaración en la jornada de ayer ante Jesús Izaguirre
06 feb 2003 . Actualizado a las 06:00 h.?a fiscalía lucense efectuó otras cuatro nuevas imputaciones por la polémica suscitada en el seno de la Confederación Empresarial lucense, CEL. Con éstas son ya, por lo menos, trece las personas que fueron llamadas a declarar bajo sospecha de que pudieran haber incurrido en algún hecho delictivo. En el transcurso de la mañana de ayer pasaron por las dependencias que el Ministerio Público tiene en la Audiencia Provincial lucense, el director financiero del colectivo, José Manuel Núñez Fariñas, que era ya la segunda vez que declaraba como imputado; Arturo Fernández Villar, un empleado de la CEL; José Antonio Polín Pérez, director de una de las oficinas de Caixa Rural y Marcos Fouz Rodríguez, interventor de la misma entidad.El paso de los imputados por el despacho del fiscal jefe, Jesús Izaguirre, que es el encargado de llevar a cabo la investigación, fue más breve de lo esperado y ello se debió, según diversas fuentes, a que alguno de los citados se acogió a su derecho de no prestar declaración. Los citados acudieron acompañados de sus letrados. No trascendió ninguno de los aspectos de la declaración porque la fiscalía mantiene total mutismo al respecto.El tema económico relacionado con los alquileres de los locales del Centro de Información y Servicios Empresariales (Cise) centró, al parecer, las declaraciones de ayer. Mientras las investigaciones de la fiscalía prosiguen, en el seno de la CEL está pendiente de que sea convocada asamblea general o junta de gobierno para abordar un aspecto fundamental: el plan de viabilidad. En su momento fue rechazado el que presentó el equipo del actual presidente. La asamblea, según lo anunciado a finales de año por el propio responsable del colectivo de empresarios deberá celebrarse en el transcurso de este mes. En la misma también tratarán de la gobernabilidad de la institución.