El 4 de agosto del año 2000 terminó en tragedia para las familias de los constructores Antonio Pérez Pérez y José Ernesto Rodríguez Díaz. Murieron en la isla de Gran Canaria tiroteados por el ex policía José Mosquera Campos, contratista de obras y amigo de los dos muertos y, como ellos, natural de Sober. Más de dos años después, el presunto asesino ha sido juzgado en la Audiencia de Las Palmas. José Mosquera compareció ayer ante el jurado popular con americana y corbata, igual que en la primera sesión del juicio. Entonces, alegó que disparó para defenderse de una supuesta agresión con un cutter que no ha aparecido. Ayer escuchó en silencio a los diez testigos que la defensa y la acusación llamaron para apoyar sus tesis. Uno de los primeros en comparecer fue el agente del Cuerpo Nacional de Policía que estaba en la puerta de la Comisaría en la que Mosquera se entregó con su pistola en su mano derecha y un maletín en la otra. Según la información facilitada por la agencia Efe, el policía recordó ayer que el acusado le dijo que «le estaban haciendo la vida imposible» y que le espetó que había matado a dos hombres y que «no había matado a otro porque no había llegado». El tercer socio Este tercer hombre también declaró ayer. Se trata de Casimiro Pérez Pérez, hermano del fallecido Antonio Pérez y socio de éste y de José Ernesto Rodríguez en la inmobiliaria Pevise, con sede en Monforte. Pevise era la promotora de la urbanización de 110 dúplex en la que trabajaba la constructora Val de Lemos, propiedad de la esposa de José Mosquera, que actuaba como apoderado de ésta. Casimiro Rodríguez llegó tarde aquella mañana del 4 de agosto del 2000 a la cita con Mosquera y con sus dos socios y eso posiblemente le salvó la vida. Ayer aportó una novedad. Dijo que cuando se produjo el crimen ellos se disponían a rescindir el contrato con el acusado. Como no hubo testigos directos del tiroteo, nadie pudo avalar o desmentir tajantemente la tesis de la defensa propia esgrimida por el acusado y por su abogado. Sólo los forenses podían arrojar algo de luz al respecto. Sus declaraciones no fueron tajantes, pero sí confirmaron que el detenido tenía heridas superficiales en la cara -«por roces o arañazos»- cuando lo examinaron en la Comisaría. Tampoco fue positivo para la defensa que el instrumento cortante con el que, según José Mosquera, intentaron agredirlo sus víctimas no apareciera en el inventario de objetos encontrados por la policía al revisar la caseta. El encargado de aquella obra, citado también como testigo, fue el único que dijo que en aquel lugar solía haber un cutter . Intentos de suicidio La otra pata de la defensa son las supuestas alteraciones psíquicas de José Mosquera. Su abogado asegura que incluso intentó suicidarse en alguna ocasión unos meses antes del doble crimen. En esto, los forenses no lo ayudaron. Aseguraron que, al menos al día siguiente del suceso, José Mosquera no presentaba indicios de padecer ninguna enfermedad mental. El testimonio de la hija de José Mosquera sí abonó la teoría del desequilibrio psicológico. Preguntada por el abogado defensor, la mujer confirmó que su padre había estado a tratamiento psiquiátrico y que tomaba medicación por prescripción facultativa. La sesión de ayer del juicio se reanudó a las seis de la tarde (hora gallega). La vista se dio por cerrada después de que confirmasen sus conclusiones iniciales las acusaciones particular y pública y los abogados defensores -uno por José Mosquera y otro por la constructora Val de Lemos, que trata de evitar que esta empresa sea declarada responsable subsidiaria de las indemnizaciones-. El jurado popular se reunió en cuanto terminó la vista oral para decidir si absuelve a José Mosquera o si lo condena por asesinato o por homicidio y, en este caso, si hace caso de las eximentes que alega su defensor. La diferencia es notable. La acusación particular pide 40 años por dos asesinatos, el fiscal 32 y seis meses por un homicidio y un asesinato, y la defensa la absolución por legítima defensa.