Este organismo considera que existen indicios de que el ex alcalde vulneró de forma consciente la normativa urbanística La Audiencia Provincial de Lugo acordó en días pasados reabrir de nuevo el caso por un supuesto delito contra la ordenación del territorio que pudo cometerse al conceder la licencia para construir el edificio de 24 viviendas situado en la Rúa do Peregrino. Ahora todo parece indicar que se celebrará un juicio para aclarar todas estas cuestiones y en el mismo es probable que el entonces alcalde, Arturo Corral, tenga que sentarse en el banquillo como parte acusada. En el auto se dice que existen indicios de «una consciente, voluntaria y evidente vulneración de la normativa urbanística en la actuación del alcalde».
26 jun 2002 . Actualizado a las 07:00 h.En el pasado mes de marzo, el juzgado de Sarria dictó un auto acordando el sobreseimiento provisional y archivo de las diligencias practicadas por un supuesto delito contra la ordenación del territorio al conceder licencia para construir un edificio de 24 viviendas en la rúa do Peregrino. Contra este auto del juzgado, se interpuso un recurso que ahora ha sido admitido por la audiencia provincial y se ha ordenado la continuidad del proceso iniciando los trámites del procedimiento abreviado, es decir, se inician las actuaciones pertinentes para la celebración de juicio. En el auto de la audiencia se deja claro que existen indicios de que el por entonces alcalde, Arturo Corral, pudo incurrir en un supuesto delito contra la ordenanción del territorio. Así se expresa al decir que «de lo apreciado resulta indiciariamente una consciente voluntaria y evidente vulneración de la normativa urbanística en la actuación del alcalde, que votó favorablemente la concesión de licencia de obras y aprobación del estudio de detalle». Intereses económicos La audiencia también destaca que el alcalde, con intereses económicos y personales en las empresas implicadas en este proceso, y a pesar de las eventuales incompatibilidades que le leyó el secretario, promovió la votación para concecer la licencia. El funcionario, según la audiencia, advirtió que faltaba el estudio de detalle necesario para conceder dicha licencia y hacía constar que este requisito no sólo lo exigía la ley, sino que así se actuaba en el Concello de Sarria en casos similares. A esto hay que añadir que existía un nítido informe técnico que aconsejaba la denegación de la misma. A pesar de ello, Corral votó a favor de la concesión. Por otro lado, entre los argumentos que expone el auto de la audiencia para para reabrir el caso se hace constar que Corral «cuando administra un interés general actúa favoreciendo su interés privado, y cuando deja la esfera pública, desde su ámbito privado mercantil, actúa para evitar el control de la legalidad de aquella actuación». Esto se refiere a que cuando Corral aprobó el estudio de detalle, Puente Ribeira, gestora del hotel, lo recurrió. Después, Arturo Corral se hizo con la presidencia de Puente Ribeira y desistima este recurso. Finalmente en el auto de la audiencia se pone de manifiesto que en el informe encargado por el juzgado como prueba pericial al arquitecto José María Seijas, éste también hace constatar las contravenciones urbanísticas cometidas en la concesión de la licencia para la construcción de este edificio.