La juez ya interrogó también al alcalde para preguntarle por qué dejó que el establecimiento siguiese abierto Cinco concejales del equipo de gobierno de Chantada declararon ayer como imputados en el juzgado de esta localidad en el caso de la carpintería que funcionó durante varios años sin la necesaria licencia municipal. La juez que instruye estas diligencias ya había tomado declaración, y también como imputado, al alcalde, Manuel Lorenzo Varela. Los imputados se enfrentan a posibles condenas de inhabilitación de tres a siete años por no haber ordenado en su momento el cierre de la carpintería.
05 oct 2001 . Actualizado a las 07:00 h.La investigación judicial se abrió a raíz de una denuncia de los vecinos afectados por la actividad de la carpintería Comercial Airiños. Los demandantes sostienen que el Ayuntamiento no cumplió con su función al eludir la clausura del establecimiento después de que su propietario hiciese caso omiso de un primer aviso para que legalizase su actividad o la paralizase. Los concejales que declararon ayer admitieron, igual que previamente había hecho el alcalde, que aprobaron en comisión de gobierno conceder una prórroga de funcionamiento al establecimiento después de que su dueño, Jesús López Guerra, informase verbalmente al alcalde de que estaba gestionando el traslado de la carpintería a la Avenida de Lugo. Las diligencias abiertas sobre este caso incluyen un informe de la Guardia Civil que coincide con los denunciantes en describir como irregular el comportamiento de los responsables municipales. Como los vecinos, la Guardia Civil cree que el Ayuntamiento debía haber ordenado la clausura de la carpintería. La acusación particular sostiene que el alcalde y el resto de la comisión de gobierno pudieron haber incurrido en un supuesto delito de prevaricación.