LAS SECUELAS DEL TEMPORAL El Concello de Monforte traslada las peticiones de ayudas a la Xunta de Galicia y a la administración central La comisión de gobierno adoptó ayer una cuerdo por el que se solicita la declaración del municipio de Monforte como zona catastrófica. El acuerdo ha sido trasladado al presidente de la Xunta de Galicia y a la Subdelegación del Gobierno. Los responsables municipales instan a ambas administraciones para que tramiten la propuesta de concesión de ayudas a los damnificados por el temporal de lluvias. El grupo municipal del BNG advirtió ayer de los riesgos que entraña la situación de abandono del canal de regadío.
11 dic 2000 . Actualizado a las 06:00 h.La solicitud de declaración de zona catastrófica no pasará finalmente por el pleno de la corporación. Los responsables municipales celebraron durante la tarde de ayer una comisión de gobierno en la que se acordó remitir la correspondiente petición a las instituciones competentes. El presidente de la Xunta de Galicia y la Subdelegación del Gobierno son los destinatarios de la propuesta para la concesión de ayudas por los daños provocados por las inundaciones. El alcalde consideró innecesario reunir a la corporación local cuando el acuerdo podía ser resuelto directamente en comisión de gobierno. Nazario Pin indicó que el Concello no creará un servicio específico, para asesorar a los damnificados, aunque efectuó un llamamiento público para que se dirijan a la secretaría municipal cuando sea preciso. El acuerdo de la comisión de gobierno insta a las administraciones central y autonómica para que inicien los trámites necesarios para la declaración de zona catastrófica. Por su parte, los portavoces municipales del Bloque y el PSOE coincidieron ayer en señalar que en situaciones de carácter excepcional, como la que se vivió el jueves en Monforte, no se debe trasladar responsabilidades a nadie. No obstante, ambos partidos incidieron en la conveniencia de recapacitar sobre lo sucedido. El concejal socialista Jaime Vázquez cree que el Concello debería abrir una oficina para evaluar los daños conjuntamente con las administraciones y «respaldar» así a los propietarios afectados en el momento en que empiezan a gestionar compensaciones ante las compañías aseguradoras.