Una comisión de afectados llevará el conflicto de las tasas de riego al Defensor del Pueblo y al Congreso Los afectados por el cobro del regadío grabarán un vídeo para demostrar que una buena parte de los canales son imposibles de utilizar para el riego. El documento gráfico será enviado al Defensor del Pueblo como respaldo de un escrito de queja por la pretensión de la Confederación Hidrográfica del Norte de España de ingresar dinero por un servicio que no existe. El anuncio fue efecuado ayer por el responsable local del BNG, Severino Rodríguez, que confirmó que los supuestos usuarios del regadío han decidido constituirse en comisión de afectados y que pedirán entrevistas con los alcaldes de la zona.
28 sep 2000 . Actualizado a las 07:00 h.Los vecinos que se oponen a pagar por el uso del regadío están dispuestos a agotar todos sus recursos. El Defensor del Pueblo y el Congreso de los Diputados son ahora su objetivo. Al Defensor le enviarán un escrito de queja con un vídeo que recogerá algunas de las deficiencias que, según aseguran, hacen que el riego sea una tarea físicamente imposible en la mayor parte del trazado de los canales. El conflicto llegará al Congreso de la mano de los diputados del BNG, la organización que impulsó la constitución de la comisión de afectados y que impulsó la reacción de los propietarios de los terrenos que rodean el regadío contra el cobro de tasas. En representación de los integrantes de la comisión de afectados, Severino Rodríguez Díaz anunció que la próxima semana se empezará a elaborar el vídeo que dará testimonio gráfico de la veracidad de las quejas. Quienes lo graben intentarán, advierte Rodríguez, aportar unha proba que demostre fehacientemente o grave deterioro do canal e das acequias, que imposibilitan regar en moitas zonas». La denuncia irá acompañada además de las firmas de los vecinos de las parroquias de Monforte, Pobra do Brollón, Bóveda, Sober y Pantón por las que pasa el regadío. La recogida de las firmas empezará de forma inmediata. El conflicto de las tasas del canal comenzó esta primavera, cuando la Confederación Hidrográfica decidió pasar recibos por riego a los supuestos usuarios, una práctica que había abandonado en 1996. Los afectados sostienen que los cálculos de lo que le corresponde pagar a cada uno de ellos están hechos con arreglo a la superficie de sus fincas, y que nadie ha comprobado si efectivamente utilizan el agua.