Hace apenas una semana analizamos en este mismo foro la situación de Venezuela y los potenciales intereses de la Administración Trump en sus recursos naturales, alertando de que aún no se había producido uno de los pasos anunciados a voces: la incursión terrestre en el país bolivariano. Pues bien, esta pasada madrugada la situación ha mutado radicalmente con la captura de Nicolás Maduro y de su esposa Cilia Flores —que, por cierto, más allá de haber ejercido como primera dama, ha sido una figura relevante en el papel autoritario que su marido venía jugando en el país desde el año 2013—.
En todo caso, la situación actual en Venezuela vuelve a colocar en el centro del debate internacional una constante peligrosa: la tentación de resolver crisis políticas complejas mediante intervenciones directas en Estados soberanos. Desde la óptica del derecho internacional, estas acciones no solo erosionan la obligación de respeto de la integridad territorial, sino que insisten en una lógica de fuerza que, históricamente, ha demostrado ser incapaz de generar soluciones estables y que presenta diferentes aristas que debemos analizar.
Primero, EE.UU. ha llevado a cabo una acción unilateral de uso de la fuerza sin legitimación, pues esta no encuentra encaje dentro de los supuestos permitidos por la Carta de Naciones Unidas. De hecho, se halla específicamente prohibida en su artículo 2.4. Resulta indiscutible que no estamos frente a las acciones multilaterales de seguridad colectiva, que sirvieron de base en Corea del Norte en 1950, pero tampoco ante la legítima defensa prevista en el artículo 51 de la Carta. En primer término, porque una amenaza difusa como el crimen organizado no se puede considerar suficiente para activar el mecanismo de la legítima defensa generando una causa de guerra, de la misma forma que un proceso interno penal no puede desembocar en una acción extraterritorial de esta envergadura. En segundo lugar, porque Washington tampoco ha mostrado pruebas claras sobre la implicación de Maduro en el cartel del narcotráfico y, aunque así fuera —cuestión que tampoco ponemos en duda—, habría que actuar contra ellos directamente no contra el sistema público de un país soberano.
Segundo, derrocar a Maduro —y sobre todo por medios externos que impliquen el uso de la fuerza— no equivale a desmontar el régimen que sostiene el poder en Venezuela. El problema venezolano no se reduce a una figura presidencial, sino a una estructura institucional profundamente deteriorada, con fuerzas armadas politizadas, un aparato judicial sin independencia y un entramado económico y clientelar que podría sobrevivir incluso a los cambios formales de liderazgo. Confundir la caída de un gobernante con la reconstrucción de un Estado es un error analítico que ya se ha cometido otras veces. Lo que ayer fue Chávez, hasta hoy lo era Maduro y, quizás mañana, debamos hablar de Delcy Rodríguez o de Diosdado Cabello, pese a que los últimos pronunciamientos de Donald Trump parezcan anunciar lo contrario.
Tercero, a todo ello se suma otro elemento recurrente: Estados Unidos carece de una estrategia creíble de gestión del posconflicto. Las experiencias de Irak, Afganistán o Libia muestran un patrón claro: intervención rápida, objetivos políticos simplificados y abandono temprano de la reconstrucción institucional. Sin una planificación seria para la transición, la justicia transicional y la recuperación económica, cualquier solución impuesta desde fuera tiende a dejar tras de sí Estados frágiles, violencia prolongada y lo peor, el sufrimiento civil y el agotamiento de una población que precisa, desde hace tiempo, un cambio en el rumbo de su país. Es en este punto donde debemos sumar una incógnita: ¿Cuál es el futuro que le depara al dictador Nicolás Maduro?
Cuarto, resulta llamativo el doble rasero discursivo en algunos contextos europeos, particularmente en España. Partidos nacionalistas muy activos en la crítica a la política exterior estadounidense reaccionan con rapidez ante cualquier actuación de Washington en América Latina, invocando la soberanía y el antiimperialismo. Sin embargo, ese tono firme se diluye o desaparece cuando se trata de condenar de manera clara y sostenida al régimen de Maduro. Lo que demuestra que, para algunos, la defensa de los derechos humanos es selectiva e instrumental o, en otras palabras, puro oportunismo.
Sea como fuere, Venezuela no necesita salvadores armados que actúan al margen del derecho internacional ni silencios ideológicos, sino una presión internacional coherente, mecanismos multilaterales efectivos y un compromiso real con la restauración del Estado de derecho. Habrá que esperar para ver los efectos de esta acción que, al margen de lo ya dicho, ha provocado aparentemente un atisbo de esperanza para el pueblo venezolano que todavía aguanta allí y para el que se encuentra, forzosamente, en la diáspora.
José Julio Fernández Rodríguez y Anxo Varela Hernández, analistas del Centro de Estudios de Seguridad (CESEG).