De ser hallado culpable, podrían condenarlo a entre seis y doce años de cárcel
25 may 2024 . Actualizado a las 21:07 h.La Fiscalía colombiana acusó ante una jueza al expresidente Álvaro Uribe por los delitos de soborno, fraude procesal y soborno en actuación penal. Es la primera vez que la Fiscalía presenta cargos contra Uribe (2002-2010), que fueron aceptados por la jueza 44 de conocimiento penal de Bogotá, Sandra Liliana Heredia, que dictaminó que «a partir de este momento, [el expresidente] adquiere la condición de acusado».
De acuerdo con la decisión de la jueza, el proceso contra Uribe se inicia de manera formal y, de ser hallado culpable, el jefe del Centro Democrático puede tener una pena de entre seis y doce años de prisión. La acusación se produce después de que la togada denegara la petición de nulidad del proceso al considerarla «absolutamente improcedente».
Igualmente, la jueza aceptó como víctimas del caso al senador izquierdista Iván Cepeda y a los exfiscales generales Jorge Perdomo y Eduardo Montealegre, así como a Deyanira Gómez, exesposa del paramilitar Juan Guillermo Monsalve, involucrado en el caso. Estas dos decisiones fueron aplaudidas por el abogado de Cepeda, Reinaldo Villalba, quien aseguró que «reconocen no solamente la condición de las víctimas sino la necesidad de que tengan acceso a la justicia y defiendan sus derechos».
Una largo tira y afloja
La larga querella se remonta al 2012 cuando Uribe, que era senador, demandó por supuesta manipulación de testigos a Cepeda, que en esa época preparaba una denuncia en el Congreso en su contra por supuestos vínculos con el paramilitarismo. Contrario a lo esperado por Uribe, el Supremo no abrió investigación contra el congresista de izquierdas y, en cambio, le inició un proceso a él por manipulación de testigos.
La acusación por soborno tiene que ver con el presunto pago a Carlos Enrique Vélez y Juan Guillermo Monsalve, que están presos en las cárceles de Palmira y La Picota en Bogotá. Monsalve, un exparamilitar, aseguró que hubo toda una estrategia para aproximarse a él y convencerlo de declarar contra Cepeda.
El expresidente lleva años insistiendo en que se trata de un caso contra él que surge de motivaciones políticas y carece de pruebas.
Uribe renunció en agosto del 2020 a su escaño de senador para dejar de estar aforado y que su caso pasara a la Justicia ordinaria y entonces la Fiscalía decidió que no había pruebas para perseguirlo judicialmente. Por ello solicitó hasta en dos ocasiones la preclusión del caso, que fue negada tanto por los juzgados de primera instancia presentados como por el Tribunal Superior de Bogotá.
Sin embargo, el fiscal Villarreal asumió el caso el 16 de enero pasado y el 9 de abril afirmó que a partir de las evidencias físicas y elementos probatorios había encontrado motivos suficientes para acusar a Uribe, que fueron las conclusiones de los jueces al negar la preclusión.