António Costa lanza un paquete de medidas anticorrupción para frenar su caída de imagen
INTERNACIONAL
El Ejecutivo portugués busca la forma de evitar incorporar al Gobierno a cargos implicados en procesos penales
09 ene 2023 . Actualizado a las 05:00 h.En la primera gran cita en la Asamblea de la República de este año, el día 5 de enero, António Costa debía hacer frente a una moción de censura destinada a fracasar, pero también a un debate que acabó con las vergüenzas del Ejecutivo sobre la mesa. No tanto por la habilidad argumentativa de la oposición como por el desarrollo de los hechos.
La sesión llegaba tras la dimisión de uno de los hombres más fuertes del Gobierno, Pedro Nuno Santos, a causa de la indemnización que recibió la exsecretaria de Estado del Tesoro para abandonar la administración de TAP. Argumentando «degradación política», Iniciativa Liberal propuso una moción de censura, en cuyo debate Costa asumió que no se deben «normalizar situaciones anómalas, aunque sean casos y casitos» y que hay que garantizar «transparencia y confianza».
Prometió entonces establecer con el presidente de la República, Marcelo Rebelo de Sousa, «un circuito entre mi propuesta y el nombramiento de los miembros del Gobierno que permita evitar desconocer hechos que no estamos en condiciones de conocer». Es decir, un escrutinio de los futuros gobernantes.
Reorganización de Gobierno
La víspera acababa de ratificarse una reorganización del Gobierno: la cartera de Santos se dividía en dos, João Galamba pasaba a liderar el Ministerio de Infraestructuras con una investigación en su contra por tráfico de influencias y corrupción. Además, el marido de la nueva secretaria de Estado de Agricultura, Carla Alves, resultó estar imputado en una investigación por prevaricación y corrupción, lo que no gustó a la opinión pública. Marcelo Rebelo de Sousa apareció en público para alargar la velada, cuestionando a Costa y abriendo la puerta a la dimisión de la nueva secretaria de Agricultura. Veinticinco horas después, esta dejó su cargo.
Al día siguiente, según lo prometido, Costa tomó la iniciativa para iniciar el mecanismo de control de los nuevos gobernantes. Por carta escrita, según apuntan medios lusos, solicitó a Rebelo de Sousa el circuito de verificación desde que el candidato es propuesto hasta que es nombrado. Rebelo de Sousa rechazó esa responsabilidad, asegurando que la investigación de eventuales problemas «debe ser antes de que el Gobierno presente la propuesta» al presidente, «y no después». En esa línea, expresó que el Gobierno tiene un año para asegurar su legislatura y, apuntó: «No lo vean como un ultimátum, véanlo como lo contrario»; es decir, un período de gracia.