Dina Boluarte advierte que ni la violencia ni el radicalismo acabarán con el «Gobierno legítimo» de Perú
INTERNACIONAL
Siguen las protestas generalizadas en todo el país, que dejan ya 7 muertos y más de dos centenares de heridos
15 dic 2022 . Actualizado a las 21:44 h.Jornada de decisiones al más alto nivel en Perú. La Justicia decidía ayer si aceptaba la petición de la Fiscalía de 18 meses de prisión preventiva al expresidente izquierdista, Pedro Castillo, acusado de rebelión y conspiración el pasado 7 de diciembre, cuando fue destituido por el Legislativo tras haber ordenado el cierre de ese poder del Estado y la reorganización del sistema judicial.
Mientras tanto, el muy cuestionado Congreso, rechazado por el 86 % de los peruanos —una desaprobación mayor a la que tenía el propio Castillo— decidía si adelantaba las elecciones, como piden miles de manifestantes en las calles. Al cierre de esta edición ninguna de las dos instituciones había tomado una decisión firme, tras horas de deliberaciones, mientras continuaban las protestas generalizadas en todo el país, que dejan ya 7 muertos y más de dos centenares de heridos.
«Aquí nos vamos todos, el Ejecutivo y el Legislativo», señaló la nueva presidenta peruana, la izquierdista Dina Boluarte, pidiendo al Congreso que reduzca los plazos para celebrar elecciones anticipadas. Los próximos comicios estaban previstos para el 2026, pero el estallido de fuertes protestas reclamando el cierre del Congreso, elecciones constituyentes inmediatas y, en menor medida, la libertad de Castillo, hicieron ya el pasado lunes que Boluarte pidiese un adelanto al 2024, llegando a hablar dos días después de finales del 2023, que sería el plazo mínimo legal para organizar el proceso.
La división del Congreso se plasmó en las primeras horas de debate en el Legislativo, cuando diversos legisladores apoyaron que haya elecciones en el 2024, otros en el 2023, mientras la ultraizquierda pedía una asamblea constituyente inmediata. «Ni la violencia ni el radicalismo acabarán con un Gobierno legal y legítimo», dijo también ayer Boluarte, refiriéndose a los manifestantes. «Violentos disfrazados de manifestantes han intentado poner en peligro a nuestro país», añadió.
Su Gobierno decretó el miércoles el estado de emergencia a nivel nacional durante 60 días. Incluye la suspensión de derechos como la inviolabilidad de domicilio o la libertad de tránsito y reunión. No declara, eso sí, un toque de queda nacional, como se especuló en un primer momento.
Mientras tanto, continúan paralizados los vuelos a las turísticas ciudades de Arequipa y Cusco, donde hay decenas de turistas atrapados. Los aeropuertos de todo el país se encuentran en alerta máxima. Hay, al menos, un centenar de cortes de carreteras en 17 de las 24 regiones del país y en los mercados ya se empieza a notar un incremento en el coste de los alimentos.
Al mismo tiempo, el Ministerio de Exteriores peruano llamó a consultas a sus embajadores en México, Argentina, Colombia y Bolivia, después de que esos países enviaran un comunicado conjunto en el que continúan llamando «presidente» a Castillo y lo señalan como «víctima de un antidemocrático hostigamiento».