Saab, de testaferro a pesadilla de Maduro

Su extradición será un torpedo en la línea de flotación del régimen

Manifestantes con camisetas con el rostro de Saab, en un acto en demanda de su excarcelación el pasado mes de febrero
Manifestantes con camisetas con el rostro de Saab, en un acto en demanda de su excarcelación el pasado mes de febrero

Álex Naín Saab Morán, el empresario colombiano de origen libanés que tiene en su poder todas las claves sobre el origen del ingente patrimonio acumulado por Nicolás Maduro, su esposa, hijos y principales allegados, va camino de Estados Unidos en un avión de la DEA para responder ante la Justicia de los cargos que pesan contra él por delitos como conspiración, lavado de activos y enriquecimiento ilícito en nueve países.

Desde su detención el 12 de junio en la isla de Cabo Verde, donde el jet privado en el que viajaba y era seguido, vía satélite, por los servicios de inteligencia norteamericanos, paró a repostar, ni él ni el Gobierno venezolano han escatimado esfuerzos ni recursos para evitar su extradición. Llegaron a contratar los servicios del exjuez español Baltasar Garzón, que asumió en persona -habitualmente, cuando recurren a él, suele personarse algún letrado de su bufete- la defensa de los intereses de tan cualificado cliente. Solo logró un pronunciamiento favorable del Tribunal de Justicia de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (Cedeao), a la que pertenece Cabo Verde, pero el Supremo caboverdiano dijo que esta decisión no era vinculante para el país.

Álex Saab, que también es abogado, es consciente que, una vez en manos de la Justicia de EE.UU., se juega una condena de 20 años de cárcel pero no ignora que todo es negociable, que si cuenta y documenta todo lo que sabe de los Maduro, le pueden pasar por mucho menos. Los inquilinos del palacio presidencial de Miraflores también lo saben. Por eso la caída del empresario se ha convertido para ellos en una auténtica pesadilla.

Blanqueo de 350 millones

Los cargos que formuló contra él y su socio Álvaro Enrique Pulido, ya en julio del 2019, el Departamento de Justicia de EE.UU., incluyen el lavado de hasta 350 millones de dólares obtenidos a través del sistema de control cambiario en Venezuela. También le acusan de incumplir un contrato para entregar materiales de construcción de viviendas o de incurrir en sobrecostos en el programa social Gran Misión Vivienda, del gobierno de Hugo Chávez.

La exfiscala general de Venezuela, Luisa Ortega, exaliada de Chávez, que rompió con el chavismo al poco tiempo de llegar Maduro e la presidencia, asegura tener pruebas de que Saab operaba como testaferro de una empresa de Maduro en los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), un programa para repartir a los venezolanos registrados con el carné de la patria una caja con arroz, pollo, harina, pan y aceite, entre otras cosas. Para ello usaba la empresa Group Grand Limited registrada en Hong Kong. Solo el primer contrato ascendió a 340 millones de dólares.

Además de confiarle el negocio de importación de alimentos para las cajas CLAP, que movieron cientos de millones de dólares, facturados en muchos casos con sobreprecios, también le encomendó la comercialización del oro venezolano a través de Minerven, del petróleo y la importación de gasolina iraní. Lo convirtió así, en la práctica, en su Ministro de Finanzas en la sombra. Según el semanario colombiano Semana, Maduro también recurrió a él para comprar diputados que entonces estaban en la oposición y que acabaron dándole la espalda a Guaidó.

Según Ortega, otros potenciales afectados por las confesiones de Saab serían Cilia Flores, esposa de Maduro, los hijos y el sobrino de la pareja. En esa lista también incluye al empresario Rodolfo Reyes, uno de los accionistas de la empresa venezolana que controla el 47 % de las acciones de Plus Ultra, la aerolínea española que acaba de recibir 53 millones de la SEPI como rescate.

Una exhaustiva investigación sobre Saab, publicada por el portal digital venezolano Armando-Info, tras su detención apunta que, entre los años 2016 y 2018, cuando Venezuela estaba ya sumergida en el colapso económico, obtuvo contratos a nombre de dos de las 10 compañías offshore que controla en al menos nueve países, por importe superior a los 1.500 millones de dólares, en actividades que van desde alimentos y medicinas hasta comercialización de oro y petróleo.

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