Más de una década de intensa terapia judicial, reforzada con la participación de expertos internacionales de Naciones Unidas, no ha logrado controlar el cáncer de la corrupción que invade Guatemala, el país más grande y desigual de Centroamérica.
22 dic 2018 . Actualizado a las 13:16 h.A Jimmy Morales, el cómico cristiano evangelista que, contra todo pronóstico, llegó a la presidencia del gobierno de Guatemala hace casi tres años, enarbolando la bandera de la antipolítica, con el lema «ni corrupto ni ladrón», le faltó tiempo para declararle la guerra a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) que llegó al país hace 12 años, encabezada por el fiscal español Carlos Castresana, de mano de Naciones Unidas, para reforzar al sector del poder judicial que quería combatir la corrupción estructural instalada en el país.
Gracias al concienzudo trabajo de estos investigadores internacionales, una élite empresarial que manejaba a su antojo una administración pública gestionada por esbirros políticos a su servicio, no tardó en percatarse de que las investigaciones de la Cicig, que fueron determinantes para reducir más de un 50 % los índices de delincuencia violenta en el país, se ocuparon también de los delincuentes de cuello blanco.
Después de poner a disposición de los tribunales al anterior presidente y a su vicepresidenta, actualmente en prisión, no tardaron en encontrar indicios claros de que Jimmy Morales, el abanderado de la lucha contra la corrupción era, en realidad, uno más en ese inmensa cueva de Alí Babá y los 40 ladrones.
Un hermano y el hijo del presidente ya están detenidos a raíz de una investigación conocida como el caso «Botín Registro de la Propiedad», un desfalco a las arcas públicas a través de cestas navideñas. A instancias de la Cicig, los tribunales guatemaltecos ya han tramitado dos solicitudes de retiro de la inmunidad al propio presidente Jimmy Morales, por sospechas de financiación electoral ilícita de su campaña electoral. Ambas han sido rechazadas por el Congreso de los Diputados donde no tiene mayoría pero sí los apoyos suficientes para deshacerse de esos investigadores incómodos.
Después de haber prohibido el pasado mes de agosto la entrada en el país al actual jefe de la Cecig, el magistrado colombiano Iván Velasques, Morales ordenó a su Ministerio de Relaciones Exteriores que no renovase las visas diplomáticas de 11 investigadores policiales, legales y financieros adscritos a la comisión y a dos de sus familiares. El pasado martes les hicieron saber que disponían de un plazo de 72 horas para abandonar el país. Debe de sentirse muy agobiado porque según el convenio firmado en su día con la ONU, el mandato de la comisión acaba en septiembre de 2019.
Los 11 ahora expulsados no fueron escogidos al azar. Todos ellos han jugado un papel clave en las investigaciones llevadas a cabo en los últimos años relacionadas con corrupción de funcionarios gubernamentales, poderosos empresarios y redes de crimen organizado. Entre los expulsados figura el colombiano Luis Fernando Orozco, el responsable de la investigación del emblemático caso La Línea, que desveló un esquema de corrupción masiva enquistado en las aduanas guatemaltecas en el que estaban implicados decenas de funcionarios y empresarios, incluyendo al expresidente Otto Pérez Molina y su segunda al mando, Roxana Baldetti. Orozco también es el responsable de la investigación sobre la financiación ilícita de la campaña electoral del FCN-Nación, el partido que llevó a Morales a la presidencia.
Pero no está solo en esta guerra. Jimmy Morales cuenta con el respaldo de las poderosas élites económicas de Guatemala que también se han visto directamente afectadas por el bisturí de la Cicig. Unas élites que durante un tiempo respaldaron a esta comisión porque sus investigaciones contribuyeron de forma decisiva en reducir un 50 % los índices de delincuencia del que era el país más violento del triángulo norte de Centroamérica.
Otro soporte clave del ex cómico guatemalteco y su gobierno está siendo el actual presidente de los Estados Unidos que lconsidera a Morales como un importante aliado en la lucha contra el narcotráfico. Los jeeps militares que el actual inquilino de la Casa Blanca le regaló a Guatemala para la lucha contra el narcotráfico, Morales los ha utilizado para vigilar a los movimientos de los miembros de la comisión.
Cuando la Cicig llegó al país en el año 2007 con Carlos Castresana al frente de 200 investigadores extranjeros, las organizaciones criminales de Guatemala eran las más sofisticadas y peligrosas de Centroamérica. Algunas llevaban décadas operando, integradas por antiguos miembros del Ejército, agencias de inteligencia y policías. Una de sus especialidades era el transporte de drogas hacia el norte para el cartel de Sinaloa y para los colombianos, pero también están involucradas en el tráfico de personas, el secuestro, la extorsión, el lavado de dinero, el contrabando de armas, adopciones ilegales, ecotráfico y otras actividades.
En la primera vuelta de las elecciones presidenciales celebradas en septiembre del 2015, ya con el anterior presidente Otto Pérez Molina y la vicepresidenta Roxana Baldetti en la cárcel por corrupción, el favorito en las encuestas era Manuel Baldizón, derrotado por Pérez Molina en el 2011 .Era el jefe político del departamento norteño de Petén, área de influencia de los Mendozas, una de las familias criminales tradicionales del país. La indignación popular había hecho repuntar a Jimmy Morales, un cómico que contaba chistes fáciles en la televisión, outsider de la política, que se presentó como independiente pero contando con el respaldo de un grupo de extrema derecha, la Asociación de Veteranos y Militares de Guatemala y de los cristianos evangélicos que se están convirtiendo en factores determinantes de los procesos electorales celebrados en los últimos años en América Latina. Con este panorama, sólo una improbable reacción popular o un milagro puede conseguir que Guatemala no vaya a Guatepeor.