Fernando Albán Salazar, el concejal opositor suicidado en dependencias del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), se ha convertido en una evidencia más de la tragedia que asola a Venezuela y del vergonzante maridaje entre el zapaterismo y el madurismo.
14 oct 2018 . Actualizado a las 13:19 h.La víctima, perteneciente al partido Primero Justicia que lidera Henrique Capriles, fue detenida -secuestrada, según la versión oficiosa- el pasado viernes, día cinco, en el aeropuerto internacional de Maiquetía cuando regresaba de Nueva York, a donde había viajado formando parte de la delegación opositora que, encabezada por Julio Borges, había asistido a la Asamblea General de la ONU, en la que la crisis venezolana fue el tema más destacado.
Albán Salazar apenas llevaba un par de días en las dependencias del Sebin en los que, según su abogado, sus anfitriones le mostraron un especial interés en que grabara un video en el que implicase a Julio Borges, dirigente de su mismo partido, en el supuesto atentado fallido contra Maduro del pasado cuatro de agosto. El lunes, ocho, el fiscal general Tarek William Saab, le dio por suicidado. Según la versión oficial, se arrojó al vacío desde la ventana de un décimo piso, tras solicitar permiso para acudir al servicio. Es el tercer preso político que no sale con vida de esas dependencias.
La versión del suicidio ofrecida por William Saab (ex Defensor del Pueblo), solo se la ha creído José Luis Rodríguez Zapatero, el alter ego oficioso de Nicolás Maduro.
Todos los demás, todos los que no comen del mismo pesebre, la ponen en duda o la rechazan de plano. Entre ellos está el actual ministro de Asuntos Exteriores español, Josep Borrell, quien ha llamado a consultas al embajador de Venezuela en España y se ha sumado a las múltiples voces internacionales, desde la ONU a la Unión Europea, que exigen una investigación independiente.
En una rueda de prensa que protagonizó el pasado jueves Borrell, que peina canas, le recordó a su compañero de partido que el suicidio de Fernando Albán le traía a la memoria la muerte del estudiante español Enrique Ruano, otro que allá por el año 1969 se tiró por una ventana mientras estaba siendo interrogado y torturado en dependencias policiales franquistas.
Luisa Ortega, la fiscal general de Venezuela, actualmente exilada en Colombia, que conoce mejor que nadie las interioridades del chavismo-madurismo, en declaraciones al canal NTN24, dijo literalmente: «tengo información de adentro de que se le murió ahogado porque lo estaban torturando con una bolsa. Lo bolsearon, como se dice en el argot policial, y se les murió».
Por otra parte, la periodista venezolana Carla Angola, al día siguiente de la muerte de Fernando Albán, difundió una serie de planos de la torre del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), donde demuestra que los baños que se encuentran en las instalaciones no tienen ventanas. Esta serie de imágenes tiran por tierra la versión oficial del presunto suicidio ofrecida por fiscal general, Tarek William Saab, según la cual la víctima se habría lanzado por la venta de un baño en el décimo piso de la torre del Sebin ubicada en Plaza Venezuela.
A su vez la diputada opositora Delsa Solórzano denunció que la autopsia tiene signos de haber sido confeccionada a la medida de la versión oficial. Precisó que quien firma el acta de defunción de Fernando Albán es un médico comunitario con dos años de carrera, cuando los facultados para hacer una autopsia son los anatomopatólogos forenses. Arnaldo Pérez, el firmante, es un médico que, según la diputada, fue contratado hace poco más de un mes, como consta en su ficha de la Seguridad Social. Arnoldo Pérez, en su biografía de Twitter se describe a sí mismo como «un servidor del pueblo» y «soldado de Chávez». No se permitió hacer otra a profesionales encargados por la familia.
Católico practicante
Fernando Albán detenido, según William Saab, por su presunta implicación en el supuesto intento de atentado contra Maduro, tiene un perfil que a nadie le encaja con el de un suicida.
Según testimonios de quienes conocieron de cerca en vida, era un abogado laico, católico practicante. La archidiócesis de Caracas en un comunicado lo define como «Hombre comprometido con la acción social de la Iglesia Católica en Caracas con Caritas, ‘La Olla Solidaria’, en los barrios más humildes y ‘El kilo de amor’ para la gente pobre».
Frente a esto, el fiscal general, ejerciendo de vocero de las cloacas del madurismo dijo que se estaban estudiando los 2.084 videos y mensajes de su teléfono celular, insinuando que algunos de ellos son de contenido pedófilo, lo que explicaría el móvil del supuesto suicidio. La campaña de desprestigio de la víctima no ha hecho más que empezar.
De todo ello Rodríguez Zapatero parece que no se da por enterado e insiste en que no procede una investigación externa «porque hay que respetar el esquema institucional».
El posicionamiento del ex presidente español sobre las circunstancias de la muerte del concejal opositor caraqueño solo es un apunte más, que se sepa el penúltimo, de la hoja de servicios prestados a Nicolás Maduro y a la cleptocracia que le rodea desde hace al menos tres años.
Sin ir más lejos, hace escasas semanas tuvo la osadía de declarar que el éxodo masivo de venezolanos, sin precedentes en la historia del continente americano «tiene mucho que ver con las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos y respaldadas por algunos gobiernos».
Tales manifestaciones obligaron, una vez más a Luis Almagro, actual secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA) a aconsejarle «que no sea imbécil». Para los que no conozcan bien al personaje el ex canciller del gobierno de Pepe Mujica aclara que «está en el mayor grado de imbecilidad porque tiene problemas de comprensión».
No es el único al que le llama la atención la hoja de servicios prestados por el sonriente leonés al actual inquilino del palacio de Miraflores. El historiador mexicano Enrique Krauze, excelente conocedor de la realidad venezolana, en una reciente entrevista publicada por La Voz de Galicia decía, entre otras cosas que « La historia no perdonará a Zapatero que defienda la dictadura de Maduro».
José Miguel Vivanco, director de Human Rights para América publicó estos días un twitter en el que se puede leer: «Zapatero ha sido un excelente encubridor de la dictadura de Maduro. Con cualquier argumento, incluso los más inverosímiles» . En ese mismo mensaje se hacía una pregunta clave: «¿Qué lo motivará?».
Desde la actual presidencia del gobierno de España tratan de desligarse de la agenda del incómodo personaje, pero más bien solo de boquilla porque el ejecutivo español no se ha dignado respaldar a la reciente iniciativa de 15 países, cuatro de ellos de la UE, de incrementar las presiones diplomáticas y financieras contra el régimen madurista. Ello después de que 217 destacados cargos públicos del partido, la mayoría de ellos estómagos agradecidos que ocuparon ministerios y otros altos cargos en los dos gobiernos que presidió, suscribieron un manifiesto defendiendo su labor en Venezuela cuando empezaban a arreciar las críticas contra él. Entre los abajo firmantes figuran el nombre de la actual vicepresidenta Carmen Calvo y el de José Bono, el muñidor del contrato millonario de venta de las patrulleras al gobierno de Chávez en el año 2005, cuando era ministro de Defensa.
Algunos observadores de la realidad venezolana incluyen en la hoja de servicios prestados por Zapatero a Maduro a excarcelación de Lorent Enrique Gómez Soleh, presidente de Organización Libertad y premio Sajarov 2017 que se encontraba detenido en el Sebin desde el año 2014, sin juicio. La excarcelación de este joven que el pasado sábado llegó a España desterrado por orden de la Asamblea Nacional Constituyente y con instrucciones claras de que tenía que corroborar sus arrebatos suicidas. Esa es la versión oficial de las causas de su excarcelación.
Casualidad o tal vez no tanto, la liberación del joven Lorent estuvo precedida del viaje a Caracas de Juan Pablo Laiglesia, secretario de estado de Cooperación Internacional. Más que un gesto humanitario, huele a otra cortina de humo desplegada por el eficiente Zapatero para tratar de tapar el escándalo internacional del caso Albán ya que en las mazmorras del madurismo aún quedan 225 presos políticos.