La Justicia francesa imputa a una cementera por financiar al Estado Islámico en Siria

Acusada de «complicidad en crímenes contra la humanidad»


París / corresponsal

La Justicia gala imputó ayer a la cementera francesa Lafarge de «complicidad en crímenes contra la humanidad» por financiación terrorista, convirtiéndose en la primera empresa acusada de tal crimen en la historia. La compañía es sospechosa de haber pagado a grupos yihadistas, entre ellos el Estado Islámico (EI), unos 13 millones de euros entre el 2012 y el 2014 para poder mantener su actividad en Siria.

La empresa está acusada de complicidad en crímenes contra la humanidad La decisión de imputar al líder mundial del sector cementero viene después de una serie de arrestos de altos cargos en diciembre del 2017. El antiguo director general, Bruno Lafont; el exdirector general adjunto, Cristian Herrault, y el entonces director general, Éric Olsen, fueron imputados por «financiación de un objetivo terrorista» y por poner en peligro la vida de empleados de la planta de Jalabiya, al norte del país. Un par de meses antes, Le Monde reveló acuerdos ocultos entre Lafarge y el Estado Islámico, al cual le habría pagado millones entre la primavera del 2013 y septiembre del 2014 a cambio de seguir operando en Jalabiya. Además, la empresa habría hecho negocios con el EI, comprado materias primas en zonas bajo su control y vendiendo cemento a sus proveedores.

La imputación es el punto álgido de una investigación iniciada hace dos años. En noviembre del 2016, once antiguos empleados de la planta siria y la asociación francesa de lucha contra el crimen económico Sherpa demandaron a Lafarge y varios de sus dirigentes por los mismos cargos.

El pasado marzo salió a la luz un informe interno de la empresa que reveló al menos doce casos de secuestros de sus trabajadores o de sus familiares por parte del EI. En el 2013, uno de ellos, Yasín Ismail, fue ejecutado tras meses de cautividad. «La fábrica estaba en zona kurda así que el EI lo asesinó acusándole de ser un espía kurdo», explicó su tío.

Paso decisivo

Los magistrados del caso decidieron añadir a la lista de acusaciones la de «complicidad en crímenes contra la humanidad» como propusieron a principios de mayo el Sherpa y el Centro Europeo por los Derechos Constitucionales y Humanos. Las dos asociaciones defendieron que tales crímenes son aplicables al grupo yihadista, según una resolución del Parlamento Europeo del 2016, y que por lo tanto Lafarge podría ser acusada de complicidad con ellos. Ambas oenegés se felicitaron de «un paso decisivo en la lucha contra la impunidad de las multinacionales que operan en zonas de conflicto armado» y anunciaron la puesta en marcha de indemnizaciones para los antiguos empleados de la filial de Lafarge en Siria.

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