Dos fiscales demandan a Trump por cobrar de Kuwait, Turquía y Arabia Saudí

Creen que los conflictos de intereses del presidente violan las leyes anticorrupción


NUEVA YORK / CORRESPONSAL

La sombra del conflicto de interés sigue persiguiendo al presidente de Estados Unidos. La posibilidad de que Donald Trump esté aprovechando su cargo para beneficiar a su imperio inmobiliario ha agotado la paciencia de dos fiscales federales que por primera vez -en el caso de una entidad gubernamental- han demandado al neoyorquino por una supuesta violación de la Constitución. El delito se habría cometido al violar la cláusula de emolumentos, una disposición anticorrupción que prohíbe a cualquier persona que trabaje en un Gobierno federal recibir regalos de países extranjeros o pago alguno por servicios que se intercambien con ellos; es decir, prohíbe la compensación. En el caso del presidente, todos sus hoteles están en el ojo del huracán, especialmente uno, el hotel Trump de Washington.

«Gobiernos extranjeros gastan dinero allí para ganarse el favor del presidente», dijo sin tapujos el fiscal del distrito de Columbia, Karl Racine, tras saberse que Ejecutivos como el de Kuwait o Turquía han reservado habitaciones y espacios, mientras que otros, como el de Arabia Saudí, han invertido más de 200.000 dólares.

Tanto Racine como el fiscal de Maryland, Brian Frosh, han basado la demanda en que Trump prefirió «conservar la propiedad de la compañía en lugar de poner al país primero». Tras las elecciones, el republicano transfirió solo la gestión de su imperio a sus hijos Donald y Eric. Y hace pocos días uno de sus vástagos reconoció que todas las semanas informaba a su padre del estado de sus empresas, evidenciado así que el control de los negocios continúa siendo suyo. «Está violando la Constitución, pero no parece que (Trump) entienda o se preocupe de esas violaciones», dijo Frosh.

Los demandantes sostienen que nunca antes un mandatario actuó con tal desprecio a las prescripciones constitucionales, pero el Departamento de Justicia salió en su defensa asegurando que «la norma se aplica solo a la recepción de compensaciones por servicios personales o de honores y regalos vinculados a su posición oficial».

Cómplices

La posibilidad de que el presidente de EE.UU. esté violando la Constitución se junta con las dudas que también suscitan los negocios inmobiliarios de su yerno, Jared Kushner. Según ABC News, ambas familias, los Trump y los Kushner, podrían haber beneficiado a un tercer imperio, el de Vornado Reality Trust, una de las constructoras más importantes del país, que casualmente ha sido finalista en el concurso de la construcción de la nueva de la sede del FBI cuyo contrato llegará hasta los 2.000 millones de dólares. El fundador de Vornado, Steven Roth, forma parte del Consejo de Asesoría de Infraestructuras del presidente y compartió escenario con Trump la semana pasada, cuando anunció sus planes en este sector durante un acto en Cincinnati.

Los conflictos de intereses a los que se enfrentan tanto Trump como Kushner ya han sido asumidos por sus respectivos letrados, aunque no sin polémica en el caso del marido de Ivanka. El asesor del presidente contará con el respaldo de Jamie Gorelick, abogada de prestigio en Washington y reconocido apoyo de Hillary Clinton en las pasadas elecciones. Esta unión ha provocado un fuerte malestar en el Partido Demócrata, donde califican a Gorelick de cómplice con las polémicas actuaciones. «Representar a Jared e Ivanka supone ayudarles a enriquecerse con la presidencia», criticó David Halperin, exasesor demócrata de la Administración Clinton y del Comité de Inteligencia del Senado.

Sessions, del núcleo duro de la Casa Blanca, declara hoy ante el Senado por sus relaciones con el Rusiagate 

La trama sobre los supuestos vínculos entre el entorno del presidente de EE.UU. y el Ejecutivo de Vladimir Putin, abrirá hoy un nuevo capítulo con la declaración del fiscal general del país ante el Comité de Inteligencia del Senado. Jeff Sessions, uno de los colaboradores más próximos del presidente y miembro del sector más ultraderechista de su gabinete, solicitó declarar públicamente porque «cree que es importante que los estadounidenses escuchen la verdad directamente de él». Se convertirá así en el miembro de mayor rango del Gobierno de Trump en testificar por el caso. 

La huella de Comey

Hoy, el exsenador por Alabama deberá responder bajo juramento y aclarar muchas dudas sobre sus reuniones con el embajador ruso en Washington, Sergei Kislyak, así como si estuvo o no involucrado en el despido del exdirector del FBI James Comey. Su audiencia, por cierto, sigue levantando ampollas entre los muros de la Casa Blanca. «Su declaración refleja un pobre comportamiento de los miembros del Gobierno de Obama», cargó la fiel asesora Kellyanne Conway.

En paralelo y como si de la final de un reality show se tratase, la nueva Administración anunció que Trump desvelará «muy pronto» si hay o no grabaciones de sus conversaciones con Comey, tal y como sugirió en varios foros. Algunos medios no descartan la posibilidad de que las supuestas cintas fueran encargadas desde fuera de la residencia presidencial. Según The Wall Street Journal, «fuentes del Servicio Secreto desmienten que haya grabaciones realizadas por la Casa Blanca, aunque no descartan que se hayan realizado desde otras instancias».

Sea como fuere, al revés que supuso para Trump la declaración de Comey se sumó ayer otro golpe judicial. Tres jueces de la Corte de Apelaciones del noveno circuito decidieron, de manera unánime, mantener el bloqueo al veto antiinmigrante que prohíbe la entrada en Estados Unidos a ciudadanos de seis países de mayoría musulmana. Los magistrados aseguraron que con esta medida, Trump «excedió el alcance de su autoridad».

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