El acuerdo garantiza que los guerrilleros no serán extraditados a EE.UU.
25 sep 2015 . Actualizado a las 05:00 h.Humberto de la Calle y Sergio Jaramillo explicaron ayer el alcance del acuerdo sobre justicia y víctimas firmado el día anterior en La Habana, en presencia del presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, el jefe de la guerrilla de las FARC, Rodrigo Londoño Timochenko, y el presidente de Cuba Raúl Castro. Un acuerdo que De la Calle, el jefe de la delegación gubernamental colombiana, definió como la cuenta atrás «para que muera la guerra» al fijarse una fecha tope para el acuerdo final, seis meses, y otra para el desarme, 60 días.
Entre los puntos destacables, y que más preocupan en el país, se encuentra el referido a la justicia, las sanciones, la reparación a las víctimas y la entrega de armas y la garantía de no volver a retomarlas. Para las FARC, la espada de Damocles es la extradición a Estados Unidos, una cuestión sobre la que parece que han recibido garantías y que la reacción oficial de Washington, inicialmente positiva al paso dado, parece confirmar.
En correspondencia, las FARC dejarán las armas pero no las entregarán al Estado. Todavía falta por precisar a quién. «Aquí no hay discusión. Es claro que las FARC no van a entregas las armas al Gobierno, pero las entregarán a alguien que tiene que verificar que esas armas fueron destruidas o que no están ya en poder de la guerrilla», precisó Jaramillo, Alto Comisionado para la Paz.
Según el doctor De la Calle, abogado y ex vicepresidente de la república, en todo momento se trabaja sobre la base de alcanzar «la paz pero sin impunidad». «Esto es para culpables, no para inocentes», dijo. Al nuevo sistema de justicia estarán sometidos miembros de las FARC, agentes del Estado que violaron su juramento y su deber, y aquellos no combatientes que contribuyeron con financiación u otro tipo de apoyo a la violencia. La esencia es que una vez se firme el acuerdo final se instalará un tribunal especial integrado por magistrados colombianos y algunos extranjeros que marcarán parámetros internacionales.
La base principal para la distribución de justicia depende del «reconocimiento de responsabilidad», según acotó Jaramillo. Quienes reconozcan sus faltas serán sometidos a sentencias que irán de 5 a 8 años. Y quienes no colaboren serán sometidos a la justicia ordinaria, donde las penas podrían ascender a 20 años. Esas penas se cumplirán bajo el régimen de «restricción efectiva de la libertad», que no se tipifica como cárcel.
A juicio del Gobierno, lo más importante es que, como se ha insistido desde el primer momento, «nada está acordado hasta que todo esté acordado». La palabra final la tendrán los colombianos. «Primero tiene que haber un acuerdo final», después «una realidad jurídica» que se concrete en unas «normas» y finalmente «depende de los colombianos que tendrán que refrendarlo». El acuerdo, en general bien recibido por la comunidad internacional, despertó sin embargo importantes resistencias en Colombia, donde ha sido recibido con división de opiniones.