La corrupción de cuello blanco sacude al Gobierno luso a un año de las elecciones

Altos cargos del Estado portugués están implicados en una trama corrupta que ya se ha llevado por delante al ministro del Interior, Miguel Macedo


Una trama corrupta de concesión de visados en la que están implicados altos cargos del Estado luso se ha llevado por delante al ministro de Interior, Miguel Macedo, y ha ahondado en la debilidad del Gobierno a un año de las legislativas.

La llamada operación «Laberinto», que ha sentado ante el juez a funcionarios de alto rango en Portugal como el responsable de Extranjería, Manuel Jarmela Palos, supone un nuevo varapalo para el Ejecutivo de Pedro Passos Coelho que, aparte de lidiar con el impacto de la crisis, ya ha tenido que afrontar varios casos polémicos en su Gobierno.

El gabinete del dirigente conservador, en el poder desde junio del 2011 en coalición con los democristianos, sufre su tercera dimisión de un ministro en el último año y medio, y tiene a otros dos en el ojo del huracán: la titular de Justicia y el de Educación, a los que se les achacan graves errores de gestión.

El día en que se inauguró la comisión de investigación parlamentaria de la debacle del banco BES, la operación «Laberinto» ha disputado la atención mediática, especialmente tras el anuncio del ministro Macedo de su decisión de dimitir. Ha forzado también a Passos Coelho a decantarse por un simple relevo en esta cartera o por un cambio más profundo, como piden algunas voces de su partido, el Social Demócrata (PSD).

A la espera de su decisión, once implicados en la trama «Laberinto» han declarado este martes en el Tribunal de Instrucción Criminal de Lisboa ante el magistrado Carlos Alexandre, considerado «el juez estrella» de Portugal, bajo sospechas de delitos de corrupción, tráfico de influencias, hurto de caudales públicos y blanqueo de capitales.

La Fiscalía portuguesa investiga si hubo fraudes en la atribución de los visados especiales (conocidos como «Visas Gold») a extranjeros, un instrumento creado en octubre del 2012 por el Ejecutivo con el objetivo de fomentar la inversión foránea en el país en un momento de crisis.

Esta vía, mayoritariamente solicitada por ciudadanos chinos, pero también por angoleños o brasileños, garantiza la autorización de residencia a todo ciudadano extranjero que transfiera un millón de euros a Portugal, que cree al menos diez puestos de trabajo, o que compre inmuebles por un valor mínimo de 500.000 euros. El documento otorga derecho a circular libremente por el espacio Schengen, por lo que supone una ventaja clave para muchos inversores.

La trama dada a conocer el pasado jueves tardó tres días en cobrarse su primera gran víctima, la del ministro de Interior, quien justificó el abandono del cargo que ocupaba desde el 2011 por considerar que su autoridad resultó «disminuida». Al centro-derechista Macedo le salpicó el caso indirectamente por las sospechas de implicación de varios altos cargos al servicio del Estado. Una de las más llamativas fue la detención de Manuel Jarmela Palos, director nacional del Servicio de Extranjeros y Fronteras (SEF), organismo que pertenece directamente al Ministerio que tutelaba Macedo. Hay también otros implicados que fueron socios suyos, como la exsecretaria general de Medio Ambiente Albertina Gonçalves, o que son amigos del exministro, como sucede con el presidente del Instituto de Registros y Notariado, António Figueiredo.

A un año de las elecciones legislativas, el Partido Socialista (PS), líder de la oposición y favorito para esos comicios, subrayó «el contraste entre la lucidez del ministro» y «la falta de lucidez, tanto del primer ministro como de otros miembros del Gobierno». El Gobierno no está en condiciones de seguir ejerciendo sus funciones, declaró el diputado socialista Marcos Pestrello, para quien se pone de manifiesto la necesidad de «ponderar la convocatoria de elecciones anticipadas». También lo ha pedido el Partido Comunista (PCP), que ha solicitado además la dimisión del presidente de la República, Aníbal Cavaco Silva.

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