Venezuela pone en marcha una campaña de delación a gran escala para amedrentar a los chavistas desafectos que realizan críticas
16 nov 2014 . Actualizado a las 04:00 h.Hugo Chávez rechazó aprobar en el 2012, poco antes de morir, un polémico instrumento jurídico elaborado por la Asamblea Nacional que controlaba su partido. Se denominaba la ley contra la delincuencia organizada, recogía artículos de diversos códigos de seguridad cubanos y, según se comentó en ese momento, convertía a cada venezolano en potencial enemigo del Estado.
La bautizada por la oposición como «ley sapo» [sapear, en Venezuela, es chivarse] fue puesta en el congelador, pero no olvidada; los herederos del mandatario fallecido en el 2013 la han puesto en vigor informalmente. Esta misma semana, el gobernador del central estado de Carabobo, el oficialista Francisco Ameliach, anunció un número telefónico y un correo electrónico para «denunciar a los infiltrados que estén fomentando la desunión» en el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).
Su hermano, Saúl Ameliach, alto funcionario del Gobierno, había dicho en septiembre que en las largas colas que, desde el 2013, realizan los ciudadanos para obtener desde alimentos de primera necesidad hasta productos de limpieza [la escasez absoluta se estima en alrededor del 60% y la inflación ya ronda el 100%], «se introducen infiltrados que hablan mal del país, buscando un estallido social». Señaló que había que buscar una forma de castigarlos penalmente.
El presidente de la Asamblea Nacional y número dos del régimen, Diosdado Cabello, se hizo eco de la propuesta y afirmó este mismo mes que «hay chavistas disfrazados al frente de los organismos públicos», motivo por el que pidió a los miembros del PSUV identificarlos para tomar acciones, que no precisó.
«Psuvistas llamando a denunciarse unos a otros», fustigó el secretario de la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática, Jesús Torrealba. «Esto es grave, una especie de sapeo [chivatazo] endógeno», indicó.
La política del chivatazo no se ejerce, sin embargo, solo con los de dentro; funciona, especialmente, contra los opositores. Sin haber sido aprobada la ley, se está usando la figura, prevista en ella, del patriota cooperante, un informante anónimo que se infiltra en grupos opositores y los vigila. Las denuncias que formule tienen validez legal ante los tribunales. Bajo esta modalidad han sido acusadas cerca de 200 personas que participaron en las protestas que, entre febrero y julio, intentaron forzar la renuncia del Gobierno de Maduro.
Theresly Malavé, abogada defensora de Derechos Humanos, señala que «puede ser que este patriota cooperante haya surgido de la mente de los funcionarios de contrainteligencia, para sustentar un expediente, pero es muy peligroso para la libertad individual».
La arremetida judicial contra la disidencia al partido de Gobierno busca frenar la creciente impopularidad del chavismo, enfrentado a un colapso económico y a una desaprobación que ya ronda el 80%. «El PSUV está distanciado de las necesidades de sus bases», indica el politólogo Nicmer Evans, que propugna una tendencia llamada Marea Socialista dentro del partido. «Una división es totalmente posible», afirma.
En el medio, se encuentra la figura de Maduro, percibido como débil y sin una estrategia para abordar la crisis del país.
arremetida judicial para frenar la impopularidad del gobierno