Compañeros de los estudiantes desaparecidos incendian la sede del Gobierno del estado de Guerrero ante la falta de datos sobre su paradero
15 oct 2014 . Actualizado a las 05:00 h.La toma del Palacio del Gobierno de Guerrero terminó el lunes con el incendio del edificio y del Ayuntamiento de la capital del estado, Chilpancingo, y ayer se preveían nuevas más violencia.
Compañeros y profesores de la escuela de Magisterio (llamados normalistas) de Ayotzinapa tomaron el Palacio del Gobierno del estado y, tras desalojar al personal, lo incendiaron y lo destrozaron con piedras. Después se dirigieron al Ayuntamiento de Chilpancingo, que también tomaron y destrozaron, para quedarse bloqueándolo acampados en sus alrededores.
Su principal exigencia es que dimita el gobernador, Ángel Aguirre, por no hacer frente al crimen organizado que se ha adueñado de la zona. Desde allí, amenazaban con radicalizar las acciones si antes de la medianoche de ayer no tenían noticias del paradero de los estudiantes. Para ello contarán con refuerzos de normalistas de Michoacán (que se apoderaron de 25 autobuses para trasladarse) y otros estados.
A las protestas hay que sumar la huelga de estudiantes de universidades de México D. F., que se manifestarán ante la Fiscalía.
El secretario general de Guerrero, Jesús Martínez Garnelo, ha asegurado que el Ejecutivo local sigue abierto al diálogo, pese a los «actos vandálicos» e insistió en que su prioridad es la búsqueda de los desaparecidos.
Dieciocho días de la desaparición en Iguala de 43 estudiantes de Magisterio se cumplieron ayer, y nada se sabe a ciencia cierta de su suerte. Solo que tres de ellos se cuentan entre las seis víctimas acribilladas en los autobuses que habían usurpado para regresar a Ayotzinapa. Los cadáveres hallados en varias fosas clandestinas gracias a declaraciones de los detenidos no está claro que sean de los estudiantes. A esta esperanza se aferran los familiares, que se movilizaron para exigir al presidente, Enrique Peña Nieto, que se los devuelva con vida. No se querían creer la versión oficial, que con las fosas pretendía dar carpetazo al asunto una semana después del suceso tras una investigación poco rigurosa que llevó a organizaciones como Human Rights Watch a denunciar la «desidia» del Gobierno en asuntos de derechos humanos.
Las autoridades señalan como autores a policías locales y esbirros del cartel Guerreros Unidos, cuyo líder, Benjamín Mondragón, El Benjamón, se suicidó ayer durante una operación policial en la que resultó herido un policía. Los agentes perseguían a un vehículo sospechoso cuyos integrantes comenzaron a disparar.