La fiscalía esparce dudas sobre el alcance del diálogo en Venezuela

Amenaza con ilegalizar a parte de la oposición antes del primer encuentro


Caracas / Corresponsal

El inédito proceso de diálogo entre el Gobierno venezolano y la oposición empieza de forma poco prometedora. Horas antes de que los representantes de los dos bandos se viesen las caras por primera vez, la fiscalía venezolana acusó a Voluntad Popular de ser una «estructura criminal», paso previo a su ilegalización.

Voluntad Popular es el partido creado por Leopoldo López, el dirigente opositor que se encuentra detenido desde el pasado 18 de febrero. Se desmarcó del proceso de conversaciones, en las que no participa, porque considera que negociar con Maduro es «estabilizar la dictadura». Eso no ha impedido que el resto de la oposición cerrara de inmediato filas con él.

Ramón Aveledo, secretario de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), , señaló que la fiscal general, Luisa Ortega, busca «sabotear» el diálogo, aduciendo, sin nombrarlas, supuestas tensiones internas dentro del chavismo entre Maduro y el hombre fuerte de este movimiento en el mundo militar y económico, Diosdado Cabello. El excandidato presidencial Henrique Capriles declaró que asistirá «para decirle unas cuantas verdades» al presidente. «Este país no va bien y hay que decirlo, nadie puede quedarse callado».

La amenaza de ilegalizar Voluntad Popular no es el único signo negativo que enrarecía el ambiente. Horas antes de que se produjese el primer encuentro aún se definía cuál sería el mecanismo para lograr un intercambio fluido y si, finalmente, la Cancillería Vaticana se sumaría como testigo de buena fe de las conversaciones, que cuentan ya como observadores con representantes de los vecinos gobiernos de Brasil, Colombia y Ecuador.

Las conversaciones, que según el presidente del país, Nicolás Maduro, buscan «fomentar la paz» tienen como antecedente dos meses de intensos disturbios, cuya represión, considerada excesiva por organismos como Human Rights Watch y Amnistía Internacional, ha dejado 39 fallecidos, más de 500 heridos y unas 250 personas presas.

El presidente Nicolás Maduro afirma que las protestas, llevadas, en su mayoría, por el movimiento estudiantil, buscan derrocar su Gobierno, mientras la oposición señala que, por el contrario, el Gobierno venezolano no es democrático.

Con cifras récord de inflación, de caída de la producción, escasez y homicidios, cuatro de cada cinco venezolanos consideran que Venezuela marcha mal, según encuestas recientes. Solo uno de cada cuatro, al tiempo, valora positivamente la gestión de Maduro, que ha venido en un descenso constante desde abril de 2013.

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