Maduro echa a la Justicia contra la oposición para tener todo el poder
INTERNACIONAL
Busca disponer de la mayoría necesaria para gobernar por decreto
19 oct 2013 . Actualizado a las 07:00 h.El Tribunal Supremo de Venezuela aceptó la solicitud que le hizo el Ministerio Público del país para enjuiciar a dos diputados opositores por presunta corrupción y arrebatarles su inmunidad parlamentaria. La decisión, que la oposición considera una maniobra del presidente Nicolás Maduro, allanaría el camino al gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) para otorgarle poderes legislativos al mandatario por un año, en un momento en el que sufre una caída de popularidad y el país se encuentra a las puertas de una grave crisis económica.
Para darle plenos poderes a Maduro, el PSUV requiere de 99 votos de los 165 de la unicameral Asamblea Nacional. En este momento tiene 98 por lo que el inicio de acciones judiciales facilitaría sus planes. Una de las diputadas encausadas, María Mercedes Aranguren, es una disidente del chavismo por lo que su suplente pertenece a las filas del gobierno, lo que permitiría al presidente gobernar por decreto, como ya lo hizo Chávez, su antecesor.
Según Aranguren, a su suplente le ofrecieron «devolverle unos lotes de tierra expropiados hace dos años» para convertirse en el diputado 99. A ella le habrían ofrecido «engavetar» su caso, que es de 2008, a cambio de que se convirtiera en tránsfuga de la oposición.
La solicitud de una habilitación especial para legislar contra «la guerra económica» (Maduro afirma que existe un «sabotaje permanente de la burguesía»), contra la corrupción y la financiación ilegal de los partidos, «busca debilitar a los partidos opositores, porque nadie fiscaliza cuál es la financiación del PSUV», señala el politólogo y profesor universitario José Carrasquero. Por su parte, el diputado opositor Alfonso Marquina señala que los antejuicios contra la citada Aranguren y el parlamentario Juan Carlos Caldera «constituyen una práctica común en las dictaduras: judicializar la política». En círculos políticos y académicos está totalmente cuestionada la imparcialidad tanto de la Fiscalía como del Tribunal Supremo.
La Constitución de 1999, aprobada bajo la inspiración del fallecido Hugo Chávez, elimina la financiación estatal de los partidos, que han recurrido al sector privado para sobrevivir. Los dos parlamentarios a los que la Fiscalía solicita antejuicio de mérito (al igual que un tercero, Richard Mardo, a quien ya le fue allanada su inmunidad parlamentaria) tienen casos relacionados con recepción de fondos privados para sus campañas.
Carrasquero señala que la habilitación a Maduro busca «blindarlo» ante la posible derrota en las elecciones municipales que se celebrarán en diciembre y que la oposición plantea como un plebiscito sobre su gestión, que se inició cuestionada por la mínima diferencia que obtuvo en las elecciones de abril.