Está claro que convocar un referendo en Irlanda es jugársela, y esto ha sido así desde la misma fundación del Estado, cuando la votación por la independencia total de Gran Bretaña en 1937 casi arroja un no. Más recientemente los irlandeses se han empeñado de tal modo en votar lo que no debían, como cuando dijeron no al Tratado europeo de Lisboa, que ha habido que obligarles a volver a las urnas para que saliera lo que estaba previsto. Otra consulta popular sobre la constitución europea, con fecha ya fijada, tuvo que cancelarse cuando se vio que iba a salir otra vez que no. Y ahora ha vuelto a pasar: los sondeos, los medios, y sobre todo el primer ministro Edna Kenny? Todos daban por hecho que los irlandeses se pronunciarían por abolir la institución del Seanad. Pero han vuelto a dar la sorpresa. Contadas ayer todas las papeletas, ha vuelto a salir el no.
Es un resbalón del ya tambaleante gobierno de Edna Kenny, que pensaba apoyarse en este asunto para pasar a toda prisa otra batería de recortes. También acusan el golpe el centro-izquierda laborista y la izquierda nacionalista del Sinn Fein, que creían haber encontrado en el discurso populista de hacer pagar a los políticos el modo de rentabilizar el descontento del hombre de la calle. Desde luego, el Senado parecía una víctima fácil: es claramente antidemocrático (los senadores los eligen a dedo el primer ministro, las universidades y otras corporaciones) y se suponía que la promesa (exagerada) de que se podrían ahorrar hasta 150 millones de euros al año suprimiéndolo iba a terminar de decidir a un electorado muy sensibilizado con el despilfarro.
¿Qué ha ocurrido, entonces? En parte puede haber sido un voto de protesta sistemático, un no por principio. Pero en parte parece ser también señal de que el descontento del pueblo irlandés con los políticos ha ido todavía más lejos de lo que se pensaba. Al ciudadano ya no le preocupa tanto lo que ganan o lo que cuestan los políticos como el poder que tienen. Así, muchos habrían visto en el intento de liquidar la Cámara Alta una táctica del primer ministro para eliminar mecanismos de control dentro del Estado. Desde este punto de vista, un ahorro de unos veinte millones de euros anuales (que sería una cantidad más realista) no justificaría la desaparición de un foro que, mal que bien, se piensa que sirve de contrapeso a los otros poderes del Estado. Eso sí, incluso los que han votado a favor piden su reforma radical.
El asunto tenía su interés internacional precisamente porque otros países (entre ellos España) llevan años considerando también la posibilidad de reformar o suprimir sus propios senados. La experiencia de Irlanda no es fácilmente extrapolable, pero al menos ha proporcionado una advertencia: una cosa es la vehemencia con la que los ciudadanos critican a las instituciones ante los encuestadores y otra lo que votan cuando en vez de una opinión se les pide una decisión. O quizás sea solo una costumbre irlandesa.
El resultado es un resbalón para Edna Kenny, que pensaba apoyarse en el sí para
pasar otra tanda de recortes