El juez ha pospuesto la vista para ver las pruebas presentadas y se declaró incompetente para analizar las indemnizaciones
08 jun 2013 . Actualizado a las 13:11 h.El juez Mahmud el Rashidi decidió hoy retrasar hasta el próximo lunes el proceso al expresidente egipcio Hosni Mubarak por la muerte de manifestantes en la revolución de 2011 y por casos de corrupción.
En una breve alocución, El Rashidi pospuso hasta el próximo 10 de junio la vista para ver las pruebas presentadas y se declaró incompetente para analizar las indemnizaciones que reclama la acusación por el asesinato de manifestantes.
Fuentes judiciales explicaron a Efe que el tribunal penal seguirá encargado de juzgar los demás aspectos del nuevo proceso a Mubarak, que comenzó el pasado 11 de mayo después de que el anterior juicio fuera anulado por irregularidades.
Además, la defensa del expresidente pidió hoy la libertad para Mubarak, de sus hijos Alaa y Gamal, y del exministro de Interior Habib al Adli por considerar que ya habían cumplido el periodo de prisión preventiva, si bien la Fiscalía señaló que estos deberían seguir encarcelados por las causas pendientes.
El exmandatario apareció junto a los demás acusados, sentado en una camilla y con buen aspecto, en la segunda sesión del juicio, que se desarrolló en la Academia Policial, en las afueras de El Cairo, entre estrictas medidas de seguridad y en un ambiente tranquilo.
La reanudación del llamado «juicio del siglo» en Egipto fue ordenada el pasado enero por un tribunal de apelación, que aceptó los recursos de las partes y anuló la cadena perpetua dictada contra Mubarak y Al Adli.
El histórico fallo del 2 de junio del 2012 no contaba con pruebas suficientes, según la defensa de los acusados, mientras que el Ministerio Público exigía que se aplicara la pena de muerte a los culpables.
También están procesados por la muerte de más de 800 manifestantes seis ayudantes del exministro, que anteriormente habían sido absueltos.
Mubarak afronta con sus dos hijos y el empresario fugado Husein Salem cargos de enriquecimiento ilícito y daño premeditado a los fondos públicos relacionados con la venta de gas a Israel.
Durante la primera sesión, los acusados presentes negaron las acusaciones y el juez Mahmud el Rashidi decidió dar tiempo a las partes implicadas para que analizasen las nuevas pruebas aportadas al proceso, cuyo sumario ocupa unos 55.000 folios.