El ataque de los Kirchner a la prensa se extiende a los jueces
INTERNACIONAL
Hoy concluye el plazo para que los grandes grupos de comunicación se desvinculen de parte de sus licencias
07 dic 2012 . Actualizado a las 07:00 h.Hoy los argentinos, no demasiados preocupados por el tema, asistirán como espectadores indiferentes al momento culminante de la lucha del Gobierno de Cristina Fernández contra la cadena Clarín, el grupo de comunicación más grande del país y crítico con el Gobierno.
Hoy es el anunciado 7D, el día en que debería ponerse en marcha la Ley de Medios, una norma que regula la pertenencia y los contenidos de todos los medios audiovisuales del país.
Así, en función de esa norma, siete de 21 grupos mediáticos titulares de varias licencias de cable, radio y televisión, incluido el grupo Clarín, tienen hasta hoy para presentar un plan de desinversión. De lo contrario, el lunes comenzará de oficio.
Ante la obligación de renunciar a algunos de sus negocios, el grupo Clarín presentó una demanda contra el Estado aduciendo que dos de los artículos de la ley son anticonstitucionales. Esto generó una controversia jurídica que acabó en una medida cautelar que benefició al demandante y dejó la ley sin efecto hasta que se resuelva la inconstitucionalidad. El Gobierno recurrió ante el Tribunal Supremo, que decidió que la medida cautelar debía expirar el 7 de diciembre, y los jueces de la Cámara Civil y Comercial federal (capacitada para prolongar la medida cautelar), pronunciarse.
Cristina Fernández, ante el temor de un fallo adverso, ordenó recusar a los jueces de esa Cámara para intentar sustituirlos por otros kirchneristas. La maniobra no le salió bien y en solo horas hizo aprobar en el Congreso la ley del per saltum, que le permite al Gobierno saltarse la opción de las Cámaras y buscar la solución en el Supremo.
La nueva Cámara tampoco gustó a la presidenta, que volvió a pedir la recusación de los jueces. El propio ministro de Justicia, Julio Alak, dijo que «estamos en presencia de un alzamiento judicial». Legisladores opositores estudian pedir un juicio político para el ministro.
Ayer, el senador kirchnerista Marcelo Fuentes, titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales, anunció que denunciarán a los jueces que estén en contra de las leyes. Por ahora el alto tribunal se ha limitado a pedirle al Gobierno que cese en sus presiones a la Justicia. La situación ha producido un fuerte choque entre el poder Judicial y el Ejecutivo sin precedentes. Los jueces emitieron ayer un duro comunicado recordando que «la independencia del poder Judicial es fundamental para el funcionamiento de la democracia». Y es que Fernández quiere terminar la guerra iniciada por su marido, Néstor Kirchner, y destruir al grupo Clarín, del que fueron socios hasta el 2007.