El 8-N, siglas que corresponden al día de ayer, no fue un único día de protesta para los habitantes de Buenos Aires. Las cacerolas comenzaron a escucharse en muchos barrios de la ciudad desde el martes.
Una tormenta que inundó calles y avenidas anticipó el verano, elevando la temperatura hasta los 37 grados lo que disparó el consumo energético provocando un corte generalizado en el suministro eléctrico. Calor sofocante más 1.800 semáforos sin funcionar, sin aire acondicionado, sin energía en los edificios, es decir sin elevadores y sin agua, con el agregado que los residuos llevaban cuatro días acumulándose en las calles por una huelga de los recolectores, convirtieron a la capital en un infierno que desató la ira de los vecinos e hizo que anticiparan sus caceroladas, indignados por la situación.
Para agregar leña al fuego, el ministro de Planificación, Julio De Vido, presentó una denuncia penal para que la Justicia averigüe «quién bajó la palanca que provocó el apagón» que dejó sin luz a casi 900.000 usuarios, intentando despegar del desastre a su propia gestión como autor del plan energético del Gobierno.
La compañía española Endesa, propietaria de la argentina Edesur, que sufrió la avería, tuvo el jueves una contradicción. Su presidente en Buenos Aires aseguró que eran buenas las medidas regulatorias del Estado argentino, y a la misma hora, su casa central en Madrid presentaba un informe en la Bolsa de Valores diciendo lo contrario y que por eso la compañía había ido financieramente mal en ese país este año y que iría peor en 2013.