El buque «Libertad» retenido en Ghana hunde la credibilidad internacional del Ejecutivo de Cristina Fernández
21 oct 2012 . Actualizado a las 07:00 h.El embargo de la fragata ARA Libertad en Ghana se está convirtiendo en una ópera bufa para el Gobierno de Cristina Fernández y un espejo de sus peores defectos. Primero fue la gresca en la que los responsables de Defensa, Exteriores, Seguridad e incluso Comercio se tiraron los trastos, negando su responsabilidad en el cambio de itinerario del barco. El Libertad tenía previsto amarrar en Nigeria, pero lo hizo en el puerto de Accra donde fue bloqueado por orden de un juez a instancias del fondo buitre NML, que exige el pago de 600.000 dólares desde hace una década al Gobierno argentino. La fianza para liberar la embarcación costaría 20 millones de dólares, a lo que también se niega Buenos Aires.
Al conocerse el incidente y dirigirse todas las miradas hacia la Armada, su secretario general, el contralmirante González Day, quiso despejar el escándalo y habló de una decisión que se tomó en «un proceso cooperativo interministerial». Al final, la estratagema no surtió efecto y el Gobierno hizo rodar su cabeza, la de su superior, el ministro de Marina, Carlos Alberto Paz, y las de otros dos responsables. La prensa detalló la desafortunada secuencia de los acontecimientos, reproduciendo las notas entre los departamentos. La conclusión es que el Ministerio de Exteriores, ante la notificación por Marina y Defensa del cambio de atraque, respondió con la advertencia de que, dados los procesos abiertos contra Argentina «en diferentes jurisdicciones extranjeras, no puede garantizarse que su viaje de instrucción no pueda ser objeto de reclamos, medidas precautorias o de ejecución durante su estadía en puertos extranjeros». Se aludía expresamente a los fondos buitre por la falta de pago de bonos de la deuda externa.
Resulta también curioso observar que en la nota se hacía referencia a las escalas en España, Portugal, Alemania, Bélgica, Italia y Francia, «donde hay procesos contra Argentina que podrían dar lugar a embargos» en virtud de las normas de la UE.
La recomendación, según informa el diario Página 12, hizo que las escalas en la península ibérica se suspendieran, pero por insistencia de la Armada se decidió finalmente su inclusión. Como argumento, se alegó la descortesía que habría supuesto no cumplir la reciprocidad con la presencia de barcos españoles y portugueses en la Regata del Bicentenario.
El desaguisado pudo ser aún mayor si Exteriores no frustra un supuesto plan de fuga de la Armada que habría contado con el visto bueno del ministro de Defensa. El canciller Héctor Timerman hizo ver a su colega de Defensa que esa opción colocaría al buque en condición de prófugo de la Justicia, y al país al margen del derecho internacional. La Armada además no había considerado informaciones en su poder que daban cuenta de la presencia en la zona de un destructor británico. La humillación de ver al buque-escuela detenido como un ladrón que huye por un navío inglés hubiera sido insoportable incluso para la paquidérmica piel del Gobierno de Cristina Fernández.