La inclusión de España en el escudo de la OTAN es un calco, en materia de seguridad, del comportamiento que mostró el Gobierno en el área económica cuando acabó haciendo lo contrario de lo que había prometido en su programa electoral. Con tres diferencias: acertados o no, los cambios en el marco laboral o en el ámbito de las pensiones fueron respuestas a una crisis que amenazaba empeorar si no se adoptaban. Se aprobaron cuando la legislatura estaba viva y estuvieron precedidos por un amplio debate público. En cambio, la adhesión al sistema antimisiles llega por sorpresa, cuando el Gobierno se encuentra en fase terminal, el Congreso está cerrado y no ha trascendido un peligro que justifique la urgencia para actuar de ese modo.
Es cierto que el diseño actual del escudo no es el mismo con el que nació y con el que la Administración Bush pretendía perpetuar el reparto de papeles de la guerra fría, arrastrando a Europa como comparsa a su batalla particular con la Rusia de Putin. Hoy es ya un proyecto aliado que perdió parte de su filosofía agresiva inicial para adoptar un planteamiento más defensivo. Con todo, participar en él no será inocuo. Supone un aumento apreciable de la presencia militar de EE.?UU. en territorio español, invirtiendo la tendencia a reducirla de nuestra historia reciente, y alterará la percepción exterior de nuestro país, en un momento en que la orilla sur del Mediterráneo está sometida a mutaciones cuyo desenlace se desconoce.
Cabría esperar de quien inició su andadura al frente del país sacando a las tropas de Irak en nombre de un credo pacifista, del que hizo seña de identidad sagrada, que fuera coherente con ese espíritu y no diera un paso tan comprometido por su cuenta. Pero en quien será recordado por no dejar en pie nada de lo prometido hasta tiene lógica que haya sido así.