Es de sentido común repensar el futuro de la energía nuclear tras la catástrofe de Fukushima. El tsunami de Japón ha puesto de relieve brechas en la seguridad de este tipo de energía que quizá se habían minimizado demasiado pronto por la necesidad de hacer frente al crecimiento incesante de la demanda de electricidad, el agotamiento de los combustibles fósiles y la obligación de reducir emisiones contaminantes para combatir el calentamiento global.
Pero el volantazo brusco que acaba de dar Angela Merkel no proviene del análisis ponderado de esas debilidades, por más que se ampare en las recomendaciones de un comité de sabios: la crisis de Fukushima no ha terminado todavía y, por tanto, es pronto para extraer lecciones de ella. El giro procede del miedo a las réplicas que sacuden el subsuelo electoral alemán y que amenazan con socavar los cimientos sobre los que alza su poder el centroderecha germano.
Asociar estos temblores al desastre telúrico de Japón hace pasar a un segundo plano la importancia que tiene en su génesis la moratoria impuesta por la propia Merkel el pasado otoño para ampliar la vida de las centrales hasta mediados de la década del 2030, rompiendo de ese modo uno de los legados menos discutidos de la época en que socialdemócratas y verdes gobernaron juntos. Es en esa prórroga mal calculada donde hay que buscar el sentimiento de repulsa que sacó de su letargo al movimiento antinuclear y lo empujó a las urnas. Fukushima solo propició que cristalizase.
Con todo, la decisión de Merkel puede tener consecuencias revolucionarias si los beneficios de prescindir de la energía nuclear superan los costes que entraña. Aún forzado por conveniencias electorales de corto plazo, el adelanto del apagón convierte a Alemania en escenario de un experimento de largo alcance que puede aclarar si el siglo XXI puede dar la espalda al átomo o no.