La batalla sobre la reforma del sistema de jubilación en Francia entra en una etapa decisiva con una nueva jornada de huelga mañana, en vísperas de la votación en el Senado, y el posible endurecimiento de los camioneros mientras se vuelve a temer una escasez de combustible. Después de una semana de movilización sin precedentes desde que comenzaron las protestas contra esta reforma, que prevé dos años más de trabajo, el movimiento llega a una fase fundamental.
Nicolas Sarkozy ha insistido en que el Gobierno llevará a cabo esta reforma crucial de su presidencia, y que no irá «más lejos en las concesiones». Por su parte, los sindicatos están decididos a aumentar la presión antes de que el Senado adopte el texto ya votado por la Cámara de Diputados.
Más protestas
La cuestión fundamental consiste en saber si los más radicales pueden paralizar al país. Después de haber logrado movilizar a una cantidad sin precedentes de manifestantes el martes pasado y de llevar a las calles el sábado a 825.000 personas de acuerdo con la policía y tres millones, según los sindicatos, a extender la huelga a diez de las doce refinerías de Francia, las organizaciones sindicales llamaron a intensificar las protestas en el estratégico sector del transporte.
Se anuncian acciones más duras por parte de los camioneros y los conductores de ferrocarriles, que podrían hacer el puente entre la jornada de huelgas y las manifestaciones del martes, cuando las perturbaciones se extenderán al tráfico aéreo. Estas acciones podrían incrementar la amenaza de una escasez de combustible. Actualmente, los aeropuertos de Niza (sudeste) y Nantes (noroeste) sufren dificultades, y los automovilistas invadieron las gasolineras el sábado.
Durante todo el fin de semana, los sindicatos y la oposición pidieron al Gobierno que cambiara de posición. En el Senado, los opositores a la reforma continúan su guerrilla, presentando numerosas enmiendas y pidiendo el uso de la palabra, de modo que la votación podría ser postergada una vez más.
Por su parte, el Ejecutivo apuesta por un debilitamiento de la movilización antes de la votación definitiva en el Parlamento, a finales de octubre. El Gobierno espera también que se produzcan disensiones entre los sindicatos sobre la conducta a seguir después del voto de los senadores.