Los diputados rusos aprobaron ayer en tercera y última lectura un proyecto de ley, impulsado por el presidente Medvédev y criticado por los defensores de los derechos humanos, que amplía los poderes del Servicio Federal de Seguridad (FSB, ex KGB).
El decreto presidencial, ahora convertido en ley, como explica DPA, autoriza al FSB a perseguir a los ciudadanos bajo la mera sospecha de que podrían cometer un delito contra la seguridad del Estado, incluso si no hay pruebas contra ellos.
La norma fue respaldada por 354 diputados de la Duma (Cámara baja). Solo 96 legisladores votaron en contra.
Según esta ley, toda persona o empresa que obstaculice el trabajo de un agente del FSB podría ser objeto de una multa de 500 a 50.000 rublos (de 13 a 1.300 euros) o detenido durante un máximo de 15 días.
Este proyecto de ley ya fue criticado enérgicamente por la oposición rusa y los defensores de los derechos humanos, que temen un retorno a las detenciones arbitrarias llevadas a cabo por el KGB en la época soviética. Para ellos, la ley supone un nuevo instrumento para intimidar a los disidentes en el país.
Dicho proyecto de ley fue revisado entre la primera y la segunda lectura. Las cláusulas más polémicas desaparecieron, como la que establecía que las advertencias eran jurídicamente obligatorias y que la persona debía de ser convocada.
Este texto también prevé un procedimiento de impugnación ante la justicia de las advertencias, contrariamente a la primera versión.
Tres militantes del partido democrático Iabloko que se manifestaban ante la Duma contra la adopción de la ley fueron detenidos y llevados a la comisaría, indicó esta organización en un comunicado.