Il Cavaliere quiere dotarse de una coraza legal que impida la publicación y las investigaciones sobre escándalos que le afectan a él y a su Gobierno.
20 jun 2010 . Actualizado a las 02:00 h.Los medios de comunicación italianos están en pie de guerra contra Silvio Berlusconi y la última de sus leyes con la que intenta limitar el uso y la publicación de las interceptaciones telefónicas en las investigaciones judiciales y policiales. Pero los periodistas no son los únicos a los que no les gusta una norma bautizada como ley mordaza. Jueces, fiscales y policías temen que las nuevas medidas limiten las investigaciones en un país en el que la delincuencia organizada posee un 7% del PIB, además de un importante apoyo popular.
Para los defensores del proyecto, que ya ha sido aprobado en el Senado y espera ahora serlo en la Cámara de los Diputados, con esta norma se protegerá mejor la privacidad de los ciudadanos, sobre todo después de haber visto publicadas las conversaciones privadas de políticos y hombres de negocios investigados por presuntos delitos.
El otro argumento es el económico. Dicen que en Italia se hacen demasiadas escuchas telefónicas y que estas gravan de manera importante las cuentas del país, sobre todo en un momento en el que hay que recortar gastos.
Según la prensa, la ley hará imposible el periodismo de investigación. A las multas y las penas de cárcel con que se puede castigar a quien publique interceptaciones telefónicas o grabe sin permiso, se le une algo peor: el editor se hace corresponsable y se le exige una censura previa so pena de recibir también fuertes multas. La medida afecta a todos: desde el programa de investigación de Rai2, Report , hasta las sátiras de Mediaset como Stricia la noticia o Le Iene , famosos ambos por sus grabaciones-denuncia con cámara oculta, una modalidad que con la nueva ley estará prohibida.
Ocultación
Si Berlusconi quiere tapar así los escándalos en los que está envuelto él o su Gobierno, como las cintas grabadas de sus citas sexuales con Patrizia D'Addario, o los favores pagados a cambio de contratas en el Ministerio del Desarrollo Económico y en la Protección Civil, también obligará a que se oculten delitos que en muchos casos han provocado alarma social. Es el caso de operaciones de pacientes sanos realizadas en el hospital Santa Lucía de Milán. Sin olvidar los delitos de tipo mafioso, que preocupan a jueces y fiscales.
Con la ley mordaza las escuchas telefónicas podrán durar solo 75 días. Después habrá que pedir permiso para continuarlas, con prórrogas cada tres. Además, tiene que existir la «certeza de que se va a realizar un delito». Si la ley ya hubiera entrado en vigor, la detención días pasados de Nicola Schiavone, hijo de un famoso mafioso de Nápoles, no hubiera sido posible.
La alarma se extiende fuera de las fronteras italianas. Tanto la UE como la OSCE se han declarado «preocupadas» por una posible limitación de los derechos a la información, aunque son conscientes de no poder hacer nada. Para los norteamericanos existe el temor a un freno en la lucha antimafia.
Dentro del Pueblo de la Libertad, el partido de Berlusconi, no todos están con él. Gianfranco Fini, cofundador del partido y presidente de la Cámara de Diputados, ha cuestionado algunos aspectos de la ley. Esto causó gran enfado a Il Cavaliere, quien precisamente ayer habló de la posibilidad de hacer algún cambio.
«Tenemos que impedir que esta ley termine como las leyes que no le gustan a la izquierda y a sus fiscales. Cambiémosla, volvamos a verla, pero al final la tenemos que aprobar en el interés de todos», dijo el mandatario.
Los medios de comunicación preparan una manifestación para el 1 de julio y una huelga para el día 8, mientras son ya varios los diarios, como Il Fatto Quotidiano , que han anunciado «desobediencia civil» a la norma.