En las calles de la capital se aprecia cierta apatía y apenas se oyen soflamas a favor de uno u otro candidato
29 nov 2009 . Actualizado a las 02:00 h.¿Cómo se podría explicar la situación de un país que pasa, en cinco meses, de tener un presidente electo y en ejercicio a tenerlo refugiado en una embajada, mientras otro presidente, de facto, llegado tras un golpe de Estado, continúa con el calendario electoral hasta llegar a unos comicios en los que se elige a un tercer presidente? En semejante laberinto se encuentra cualquiera que intente darle sentido a lo que ocurre en Honduras, un lugar en el que la crisis política colmó en los últimos meses los límites de tensión a los que está acostumbrada esta república centroamericana, y que ahora, después de todo lo ocurrido, muestra apatía por lo que suceda en las elecciones, aún a pesar de que determinan con su propia celebración si se revierte o no el golpe de Estado que dio lugar a todo el embrollo en que ahora se encuentra Honduras.
Entre las curiosidades de esta historia rocambolesca está la incógnita de quién entregará el poder al ganador de las elecciones de hoy, si Roberto Micheletti, presidente de facto, desde la semana pasada retirado de la escena por voluntad propia para no intervenir en el proceso electoral, o Manuel Zelaya, que espera en la embajada brasileña desde el 21 de septiembre la decisión del Congreso, prevista para el 2 de diciembre, sobre si puede ser restituido en el poder o no.
Cambio de EE.?UU.
Pero lo cierto es que con el cambio de rumbo de Estados Unidos en la crisis, al reconocer las elecciones, la Honduras oficial se dio por satisfecha y siguió adelante con el proceso, a pesar del cuestionamiento de gran parte de la comunidad internacional.
Desde el 28 de junio, fecha en que Zelaya fue desalojado del poder, en Honduras se vive una situación jurídica singular, acompañada de los vaivenes en la posición del exterior. Hasta finales de octubre, el mundo repudiaba el golpe que aupó a Micheletti a la presidencia de facto. Pero desde que se llegó, el 30 de octubre, al acuerdo de Tegucigalpa-San José, nunca concretado, Estados Unidos ha reconocido el proceso electoral, postura que han secundado Costa Rica, Panamá, Colombia y Perú, mientras el resto del continente, agrupado en la Organización de Estados Americanos y abanderado por el presidente brasileño, Lula da Silva, sigue firme en su defensa de Zelaya y en la desautorización de las elecciones, que siguen como si nada.
Se aprecia en los medios, sobre todo, que llaman a la «fiesta de la democracia» y desmenuzan datos habituales en estas comparecencias: 4,6 millones de hondureños se preparan para votar casi 3.000 cargos de entre más de 13.000 candidatos, entre diputados, alcaldes, concejales y, por supuesto, presidente.
En las calles de Tegucigalpa se ve menos color y menos banderas que en citas anteriores. La gente no rotula los vidrios de sus coches con los nombres de los políticos, y apenas se escuchan soflamas a favor de uno u otro bando, como en meses anteriores.
Aún así, las realidades paralelas son aún palpables en Honduras: la que viven los seguidores de Zelaya, agrupados en una resistencia debilitada por la división tras la decisión del partido Unión Democrática de participar en las elecciones, los que apoyan a Micheletti en todo cuanto hace y, por otro lado, los grupos que piden como presidente a uno de los dos candidatos mayoritarios, ambos empresarios y sin grandes diferencias programáticas: Elvin Santos, del Partido Liberal -el mismo que Zelaya y Micheletti- y Porfirio Lobo, del Partido Nacional, que va con viento a favor según las últimas encuestas, de octubre, y con un mayor talante conciliador, a pesar de apoyar el golpe contra Zelaya. Esta semana dijo que, pase lo que pase, el país debe entrar en un diálogo nacional en el que se incluya al presidente depuesto, acosado por los tribunales del país si sale de la embajada brasileña y cuyo futuro es desconocido.
En todo caso, de lo que decida hacer en estas horas dependerá si regresa la tensión, hasta ahora reducida a la explosión de un par de artefactos en actos nunca reivindicados.
La jornada será monitoreada por unos 300 observadores internacionales, si bien no están entre ellos los habituales de estas citas, los de la OEA, la Unión Europea y de la Fundación Jimmy Carter.