Dos años y medio después de entrar en la UE, ni Rumanía ni Bulgaria han cumplido su compromiso de liquidar la corrupción, el crimen organizado y la inseguridad jurídica
24 jul 2009 . Actualizado a las 02:00 h.Cuando Rumanía y Bulgaria se adhirieron al club comunitario en enero del 2007, el resto de socios sabía que a sus respectivos sistemas políticos aún les faltaba un hervor para convertirse en democracias plenas regidas por el imperio de la ley. Pero los entonces Veinticinco entendieron que a rumanos y búlgaros les sería mucho más fácil recorrer ese camino desde dentro, y no al otro lado de las fronteras de la UE.
Dos años y medio después, la Comisión Europea ha constatado que si bien Rumanía y Bulgaria han avanzado en la buena dirección, aún están lejos de alcanzar la meta. Porque sus instituciones, por mucho que se elijan democráticamente, siguen sumergidas en la misma olla en la que se cuece a diario un caldo turbio que mezcla corrupción, crimen organizado e inseguridad jurídica. El mejunje lleva al fuego desde que se derrumbaron los regímenes comunistas, pero no romper a hervir.
Por encima de la ley
«Los ciudadanos de ambos países y del resto de Europa deben saber que nadie está por encima de la ley. Espero que ambos Gobiernos apliquen rápidamente las recomendaciones concretas de reforma que la Comisión ha presentado», advirtió ayer el presidente del Ejecutivo comunitario, José Manuel Durão Barroso, en la presentación de los informes anuales de progreso de ambos países.
La realización de esos estudios se pactó en las negociaciones de adhesión como instrumento para que los Veintisiete pudieran evaluar el cumplimiento de los compromisos asumidos en su día por Rumanía y Bulgaria, aunque sin posibilidad alguna de derivar de su contenido sanciones o amonestaciones. Y resulta paradójico que la UE pueda sancionar a un estado miembro por incumplir la legislación medioambiental, pero que no pueda hacer nada ante tamaña fragilidad del Estado de derecho.
«Hacen falta evidencias claras de que las autoridades y la clase política están inequívocamente comprometidas con la erradicación de las causas del problema», dice el informe búlgaro en relación a la lucha contra el crimen organizado. Según la Comisión, aunque se han hecho reformas en ese sentido, las mafias siguen beneficiándose de un sistema judicial sometido a la desidia, cuando no a la pasividad de las autoridades, y a procedimientos lentos y extremadamente burocráticos. Eso favorece la la malversación, incluida la de los fondos europeos (Bruselas congeló hace un año 486 millones en ayudas estructurales al comprobar que los controles para evitar el fraude eran inexistentes).
Algo parecido sucede en Rumanía, donde, por ejemplo, el Parlamento se ha negado a aprobar los suplicatorios necesarios para juzgar por corrupción a dos ex ministros, y donde las reformas de los códigos civil y penal, que deberían apuntalar la lucha contra casos similares, no entrarán en vigor hasta el 2011. «Es importante que el Parlamento muestre su pleno compromiso con la lucha contra la corrupción de alto nivel», dice la Comisión.