A cinco días de la publicación del vídeo dejado por el abogado Rodrigo Rosenberg antes de ser asesinado y en el que atribuye su muerte al presidente Álvaro Colom, la tensión en la ciudad de Guatemala va en aumento.
Mientras el mandatario reitera que no piensa dimitir, la politización del asunto se incrementa y cada vez son más tanto los sectores sociales que exigen su renuncia como los que lo apoyan para que siga en el Ejecutivo.
El grupo de Facebook Guatemaltecos unidos pedimos la renuncia de Álvaro Colom ya cuenta con más de 28.000 miembros y lleva recogidas más de 5.000 firmas. José Miguel, un estudiante de 17 años, declaró a La Voz de Galicia que los guatemaltecos están saliendo a la calle «para pedir que el presidente se aparte de su cargo» y lograr «que las investigaciones sean transparentes, porque el país necesita un cambio».
El principal líder de la oposición, Otto Pérez Molina, y el sector empresarial, representado por el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras, han anunciado que se sumarán a la marcha contra de Colom convocada para mañana.
Mientras, la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) sigue investigando y, con el fin de evitar la fuga de gente relacionada con el caso, ha elaborado una lista de personas que no pueden abandonar el país.
Los que se concentran en apoyo a Colom, por su parte, portan pancartas aludiendo al «apoyo del pueblo» y en contra del «poder económico». A nadie se le escapa la diferencia étnica y económica respecto a los detractores de Colom, hecho que ha suscitado acusaciones de compra de apoyos. Pero hasta el momento nadie ha probado esa acusación.
La diputada Nineth Montenegro, del izquierdista Encuentro Por Guatemala, reconoce esas diferencias y acusa al Gobierno de estar incentivando «el enfrentamiento histórico», pero no exige la renuncia de Colom, ya que «no se puede romper el orden institucional».
El escritor español Francisco Pérez de Antón, residente en Guatemala desde hace más de 40 años, denuncia los derroteros que está tomando el caso Rosenberg, y concluye que «Colom, como cualquier político de segundo orden que no quiere atenerse a las leyes, pretende sacar el juicio de los tribunales. Pero ¿qué tiene que ver que saque las masas a la calle con el crimen?».