Cuando el Gobierno colombiano se sentó a negociar con los grupos paramilitares la ley que les daría penas alternativas si decían toda la verdad, no calculó el costo político que tendría para el país. Más de un año después de que los líderes paramilitares empezaran a hablar en los estrados, hay 31 congresistas detenidos y 33 investigados, lo que supone el 24% del total de ambas Cámaras.
A pesar de que la purga demuestra que el sistema de justicia en Colombia pasa por su mejor momento, para las asociaciones de víctimas y la oposición las penas contra los cinco condenados son insuficientes, pues oscilan entre 4 y 6 años, con posibilidad de quedar en la mitad.
La mayoría de los implicados provienen de partidos afines a Uribe, sin que por ahora el escándalo haya mermado la popularidad del presidente. Para algunos, esta es la prueba de fuego del conocido efecto teflón del que dicen goza Uribe, pues hasta el momento nadie ha podido demostrar que las coaliciones políticas entre congresistas y paramilitares se hicieran con su consentimiento.
El debate está ahora en el Congreso, que busca sancionar a los partidos vinculados a casos de parapolítica. Los proyectos presentados siguen siendo «paños calientes» para un hemiciclo dominado por los partidos que están siendo investigados y tienen la labor de autosancionarse.