Los familiares de las 29 víctimas del atentado más sangriento del conflicto que enfrentó a los norirlandeses durante más de treinta años, en Omagh en 1998, entre las que se encontraban dos españoles, siguen sin poder descansar después de que un tribunal de Belfast declarara inocente al único acusado, un electricista de 38 años llamado Sean Hoey.
Pocos dudan de la complicidad de Hoey en el atentado, pero los fallos en la investigación policial han obligado a su puesta en libertad y a que no existan otros acusados del atroz atentado.
La única persona que había sido encarcelada en conexión con el atentado, el dueño de un pub, Colm Murphy, fue puesto en libertad en el 2005 después de que un tribunal de Dublín anulara su condena de 14 años de cárcel, por lo que tendrá que volver a ser juzgado, aunque muchos dudan de que ocurra, pues está alegando enajenación mental.
Hoey fue acusado de 56 cargos, algunos no vinculados directamente con el atentado. El más evidente de los que había reunido la policía en su contra es el de haber sido identificado como el diseñador del coche bomba que terminó con la vida de 29 personas y que causó más de 200 heridos, en concreto - un Vauxhall Cavalier de color marrón - cargado con 225 kilos de explosivos que estalló en High Street.
El atentado fue obra de un grupo escindido del IRA, el IRA Auténtico, que no estaba de acuerdo con la jefatura en establecer un alto el fuego en 1997, en un proceso que condujo al acuerdo de paz de Viernes Santo y al fin del conflicto.
Es tal la frustración por la mala gestión de la policía en la investigación de este caso que el propio juez instructor, Reginald Weir, del Tribunal de Belfast subrayó su malestar. Indicó que las pruebas presentadas por la Fiscalía no eran suficientes para poder condenar al acusado. Por ejemplo, no quedaba claro que todos los explosivos hubieran sido colocados y diseñados por una sola persona, o que las fibras encontradas en los explosivos - en concreto en el pegamento usado para confeccionar los artefactos explosivos -, o en la caravana en la que vivía Hoey procedieran de la misma fuente. Weir también calificó de chapucero el sistema de etiquetado, embalado y registro de las evidencias forenses.
El juicio ha durado diez meses y el veredicto se ha alcanzado tras 56 días, con más de cien testigos y 500 objetos como pruebas. Durante el juicio se sabía que el planteamiento mostrado por la defensa era débil y poco consistente. Por ejemplo, se supo que dos de los policías implicados en la investigación habían mentido sobre la manera en la que obtuvieron algunas de las pruebas forenses, las únicas que podían acusar de su implicación a Hoey.