Mientras los abogados volvían a protagonizar ayer las protestas contra el régimen del general Musharraf y eran reprimidos a golpe de porra y gases lacrimógenos en Islamabad, la dimensión técnicamente legal de la crisis emergía de nuevo como una de sus causas y una clave de su desenlace pactado.
Si el general Musharraf hubiera dispuesto a tiempo (antes de jurar la próxima semana como presidente) del dictamen del Tribunal Supremo sobre la legalidad de su elección (cuestionada por ser comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, no un civil elegible) no habría habido golpe. Pero el jefe del Supremo, el popular juez Iftijar Mohamed Chaudhry, rehusó cooperar y el golpe llegó.
Por eso, ahora, el protector norteamericano y socio del general le pide que deje el uniforme, tome posesión como civil y mantenga las legislativas en enero o febrero. Pero el extraño golpe puede convertirse en un vulgar Gobierno dictatorial. Y hay, entre otros, un inconveniente: Chaudhry ya fue depuesto una vez y repuesto, en plena popularidad y defendido por abogados y jueces con un vigor nunca visto en el Supremo. El fiscal general dijo que el esperado dictamen estará disponible «lo antes posible». Podría llegar el «blanqueo» del general antes de que jure y entonces metería el uniforme en el armario, designaría sucesor al general Kayani, y estaría cumpliendo el plan que le sugería Condoleezza Rice.