Las expulsiones de rumanos continuaron ayer en Italia después de que el Gobierno aprobara el pasado miércoles un decreto urgente para la deportación de ciudadanos comunitarios que cometan delitos o, en general, por «motivos de seguridad pública». La medida fue aprobada urgentemente después de que el marte una mujer de 47 años, Giovanna Reggiani, muriera tras ser golpeada y violada por un rumano que le robó el bolso y la dejó tirada en un arcén.
Tras la aprobación del decreto, una decena de individuos apalearon la noche del viernes en Roma a tres rumanos residentes en Italia en un acto de motivaciones racistas, lo que ha hecho aumentar la preocupación en el país ante la posibilidad de que se repitan actos de ese tipo.
Tras la deportación el viernes de los primeros cuatro rumanos, residentes en Milán, ayer el delegado del Gobierno en Génova, Giuseppe Romano, firmó 17 órdenes de expulsión de otras tantas personas, y su colega de Roma, Carlo Mosca, firmó los tres primeros decretos de expulsión de comunitarios en la capital, también relativos a ciudadanos rumanos.
Además de las expulsiones, la policía está desmantelando los campamentos de rumanos de etnia gitana en muchas ciudades italianas y ayer por la mañana fueron derribadas algunas chabolas en la periferia de Bolonia y de Roma.
El Ministerio de Asuntos Exteriores de Rumanía emitió una nota oficial en la que condena la agresión sufrida el viernes por cuatro compatriotas y pide a Italia «que tome las medidas necesarias para que actos xenófobos de este tipo no se vuelvan a repetir».
El ministro del Interior, Giuliano Amato, justificó el decreto al considerar que las directivas de la Unión Europea «son insuficientes». «Nadie podía imaginar que 500.000 pobres rumanos hayan dejado en un año su país para trasladarse a Italia». Verdaderos éxodos ante los que ni los países ni la UE han preparado instrumentos adecuados», señaló.