«Francia es un país fértil, plantas funcionarios y crecen impuestos». La célebre frase la pronunció Georges Clemenceau hace un siglo. Cien años después, Nicolas Sarkozy anuncia la «refundación de la función pública», una asumida revolución cultural en un país en el que el 75% de los jóvenes quiere ser funcionario, según un informe del Senado. La reducción del empleo público y la supresión de los regímenes especiales de jubilación en empresas controladas por el Estado son las bazas maestras del «nuevo pacto social» ofrecido por el ambicioso abogado metido a político que, a diferencia de sus predecesores en el Elíseo, no es funcionario ni ha pasado por la Escuela Nacional de Administración, el vivero de las castas dirigentes.
Menos sustituciones
Tras la desaparición de los regímenes comunistas, Francia era el último paraíso del funcionariado europeo, la reserva de Occidente del capitalismo de Estado. Hasta que ha llegado el comandante Sarko y ha mandado parar. «No podemos seguir contratando a funcionarios porque Francia vive por encima de sus medios. Tenemos 1,2 billones de euros de deuda (el 64,2% del Producto Interior Bruto). Sus salarios y pensiones representan el 45% del Presupuesto de Francia. Si sustituimos a todo el mundo que se jubila no se podrá reducir el déficit», explicó pedagógico la otra noche en los telediarios de mayor audiencia.
En el santuario francés de la burocracia cada vez hay más funcionarios. Se ha pasado de los 4 millones (el 19% de la población activa) de 1982 a los actuales 5,2 millones (el 24%).
Este porcentaje de trabajadores para el Estado o los servicios públicos supone el doble que en 1970 y el cuádruple que en 1936, en tiempos del izquierdista Frente Popular. Desde los años 1980 sólo se han reducido las plantillas de los ministerios de Defensa, Finanzas y Asuntos Exteriores. Y eso que Francia supera en el total de embajadas y consulados a EE.?UU.
La oportunidad es que comienzan a retirarse los trabajadores para el Estado de la generación del baby boom , aquella explosión natalista de mediados del siglo pasado. La jubilación programada de 800.000 funcionarios antes del 2015 brinda una ocasión histórica para modernizar una Administración obsoleta e insostenible financieramente. Si cumple la promesa de cubrir sólo la mitad de las bajas, Sarkozy ahorrará unos 12.000 millones de euros.