Una demanda salarial de los maestros derivó en la exigencia de que dimita el gobernador. Los vecinos, mientras, dominan las calles y aplican su propia ley
18 oct 2006 . Actualizado a las 07:00 h.Hombres, mujeres y niños instalan noche tras noche barricadas en la ciudad mexicana de Oaxaca para frenar una eventual acción policial, aunque también para protegerse de la delincuencia. Los cientos de personas que participan en las protestas contra el gobierno local comenzaron a instalar barricadas el 21 de agosto, cuando presuntos policías estatales dispararon contra una estación de radio local en manos de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO). Uno de los tiros mató a Lorenzo Sanpablo, que hacía guardia en la emisora. El conflicto comenzó el 22 de mayo, pero se recrudeció el 14 de junio, tras un fallido intento policial de desalojar a los maestros que exigían un aumento salarial, y de simpatizantes que habían tomado el centro de la ciudad. Ahora, la zona está en manos de la Asamblea Popular, fuera del control de la policía estatal y municipal, y hay disturbios y enfrentamientos ocasionales que han dejado cuatro muertos. Los miembros de la Asamblea Popular, profesores y simpatizantes se suman cada noche a la construcción de barricadas para presionar y lograr la renuncia del gobernador oaxaqueño, Ulises Ruiz, a quien acusan de corrupto y represor. Hombres y mujeres transportan leña para fogatas, neumáticos, sacos de arena y troncos de árboles, que son apilados en las calles para impedir el paso de la policía o los ladrones, explica María Hernández. Una madre de unos 35 años, acompañada de su hijo de 10, exclama: «¡Qué necesidad tengo de estar aquí con mi hijo!, pero el señor Ulises Ruiz [el gobernador] es necio, ve que ya no puede gobernar y por eso por las noches nos envía policías para asustarnos, pero no nos amedrenta». «Nosotros no somos de la APPO, ni profesores, somos ciudadanos que queremos que Ulises se vaya de Oaxaca, queremos que esto se solucione ya», dice otra mujer. En varias barricadas, los manifestantes tienen cócteles molotov. Un dictamen que prepara el Senado rechaza la exigencia de los miles de manifestantes de destituir al gobernador del Partido Revolucionario Institucional (PRI). «No ha lugar a declarar desaparecidos los poderes», que significaría la destitución de Ruiz, señala. Los vecinos declararon ayer una «alerta máxima» ante posibles agresiones de grupos del PRI que amenazaron con ocupar la zona después de que advirtieran que extenderán el conflicto a otras localidades. Mientras, el Gobierno federal asegura una salida pacífica antes de diciembre, cuando asumirá la presidencia Calderón, del derechista Acción Nacional (PAN) en sustitución de Vicente Fox, a quien se le critica que no haya enviado a la policía federal.