Una juez declara inconstitucional el espionaje telefónico que ordenó Bush
INTERNACIONAL
Es el primer fallo judicial que tumba el programa de la Agencia de Seguridad Nacional La jueza federa Anna Diggs estima que viola la privacidad y la separación de poderes
17 ago 2006 . Actualizado a las 07:00 h.La juez federal de Detroit, Anna Diggs Taylor, exigió ayer que el programa de espionaje doméstico ordenado por George W. Bush se suspenda de forma inmediata por considerarlo inconstitucional al violar los derechos de libertad de expresión y de privacidad, así como la separación de poderes fijada en la Carta Magna. Este es el primer fallo en tumbar el programa supervisado por la Agencia de Seguridad Nacional (NSA, en sus siglas en inglés). La juez de Detroit señaló en la sentencia de 43 páginas que «el interés público es claro en este asunto. Es el apego a nuestra Constitución». La influyente Unión de Libertades Civiles de América (ACLU, en inglés) fue quien interpuso la demanda el pasado 17 de enero en nombre de un grupo de académicos, periodistas y abogados que argumentaron que el programa les ha impedido hacer bien su trabajo. Muchos de ellos alegaron que sus comunicaciones con clientes o fuentes, en especial aquellas relacionadas con Oriente Medio, fueron intervenidas por los servicios secretos. La ACLU también demandará a las compañías telefónicas que participaron en el programa, al asegurar que violaron las obligaciones con sus clientes. Tiempos de guerra La existencia de este programa de espionaje telefónico y por Internet con origen y destino a EE.UU. y sin autorización judicial previa fue revelado por la prensa a finales del 2005. El Gobierno reconoció su existencia, pero defendió su legalidad bajo el paraguas de la autoridad del presidente en tiempos de guerra y en los amplios poderes que le otorgó el Congreso tras el 11-S. Asimismo, la Casa Blanca lo describe como una herramienta esencial en su lucha contra el terrorismo. «Nunca fue intención de los padres fundadores darle al presidente un poder ilimitado, particularmente cuando sus actos desprecian de manera tan flagrante los principios establecidos en las enmiendas relativas a las libertades civiles», respondió la jueza en su decisión. Para ACLU esta sentencia ha dejado claro que nadie, ni siquiera el presidente, está por encima de la ley. « Los expertos anticiparon que el Gobierno -que en el juicio pidió que se desestimara la denuncia ya que ponía en peligro información secreta- apelará el fallo.