No es tan sólo Condoleezza Rice la que vive su gira por Europa como un quebradero de cabeza, por tener que dar cuentas sobre las actividades de los servicios secretos de EE.UU. Otro que está sufriendo en carne propia la visita de la diplomática es el recién estrenado ministro de Exteriores alemán, Frank-Walter Steinmeier. Cada vez con más fuerza comienzan a escucharse voces que exigen su dimisión, sobre todo desde las filas del partido opositor, el liberal FDP. No le perdonan que no admitiera desde un principio que fue informado del secuestro «por error» por parte de la CIA de Jaled al Masri, un libanés con pasaporte alemán, y sobre todo, que no abordara el tema en su última visita a Washington. Al Masri, de 42 años, pasaba las Navidades del 2003 en Macedonia, cuando el hecho de ser homónimo de uno de los terroristas más buscados de Al Qaida convirtió su Nochevieja en una pesadilla. Su historia podría ser filmada porque realmente parece sacada de un guión de cine. Fue arrastrado hasta Afganistán, donde según sus propias palabras fue interrogado bajo tortura. Cinco meses tardaría la CIA en darse cuenta de su «error», cinco meses de sufrimiento por los que Al Masri exige una indemnización y, sobre todo, una disculpa oficial. El socialdemócrata Steinmeier era el ministro de la Cancillería durante la pasada legislatura, uno de los hombres de confianza de Schröder, y entre sus competencias estaba precisamente la de coordinar las actividades de los servicios secretos. En Alemania se preguntan ahora cuánto sabía Steinmeier del caso Masri. Ayer, desde Bruselas, anunció que dará explicaciones la semana próxima en el Parlamento, tal y como se lo ha pedido Angela Merkel. Pero también quiso dejar claro que Berlín «no participaba de las prácticas de la CIA». La fiscalía de Múnich que investiga el caso Masri solicitaron documentación a EE.UU., Macedonia y Albania, hasta el momento sin éxito. También averiguan si el Gobierno demandó información al Pentágono, por aquel entonces Otto Schily era ministro de Interior. Steinmeier no será el único que tenga que dar cuentas la semana que viene en el Parlamento. De ponerse la cosa fea, podría llegar a abrirse una comisión de investigación.